Piden 5 años de prisión a un estafador en serie por un falso negocio de patinetes en Castellón

Un hombre de 50 años se sentará este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón para determinar si existió un delito de estafa con hechos ocurridos en 2017 y 2018. Le piden cinco años de prisión.

Las presuntas víctimas denunciaron en Castellón ser víctimas de un engaño por parte de un empresario de nacionalidad española. El acusado cuenta con un historial que confirma un patrón delincuencial de varias estafas y falsificaciones documentales desde 2013, con todas sus condenas previas dictadas en Madrid.

La supuesta franquicia

La Fiscalía Provincial de Castellón considera en su escrito de acusación que este hombre constituyó una empresa en la que figuraba como administrador único. A continuación, se promocionó en Castellón como una compañía que «explotaba un contrato de franquicia de alquiler y venta de patinetes eléctricos».

Un total de tres emprendedores castellonenses se mostraron tan interesados en lo que explicó el empresario que «iniciaron gestiones encaminadas a realizar una inversión y apertura de establecimientos para su explotación».

Tal fue su determinación que en noviembre de 2017, pocos meses después del primer contacto, firmaron un primer contrato con el acusado: una señal de 3.630 euros. Asimismo, constituyeron su propia mercantil para la actividad.

Ya en enero de 2018, dieron el paso definitivo con la suscripción de contratos por 68.209 euros, cantidad que se pagaba al acusado por la franquicia y también por la adquisición de cinco bicicletas eléctricas y otros cinco patinetes eléctricos. Lo que pensaban que era una inversión prometedora, se convirtió en una firma maldita.

Un posible ‘pufo’ de manual

El varón procesado actuó entonces «movido por el ánimo de beneficiarse a toda costa de los bienes ajenos». Él ya sabía, antes de que le hicieran el ingreso, que su situación económica era difícil. Sin embargo, durante la negociación el empresario ocultó «oportunamente». Así, perpetró el engaño, sabiendo que él no iba a cumplir con su parte del contrato «debido a sus apremiantes deudas».

Para evitar bloqueos en sus cuentas, cambió su denominación social, la mercantil modificó su nombre y puso a un cómplice (también acusado, le piden tres años de cárcel) de administrador.

Mientras, las víctimas, seguras de que todo iba bien, llegaron a alquilar y acondicionar un local por valor de 21.790 euros. Todo para nada, porque nunca les entregaron los transportes ni les devolvieron lo pagado. Por ello, solicitan una indemnización de 101.000 euros.

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