El final de 'El Gallego' tras el crimen de la calle Herrero en Castellón: Diez segundos de garrote vil
Tras el macabro hallazgo de más de mil fragmentos óseos en el patio de su vivienda y un fallido intento de extorsión mediante cartas falsas, Joaquín Álvarez fue ejecutado en 1955 en un proceso marcado por la indignación popular en Castellón
Esta es la segunda y última parte de un caso muy mediático. La primera parte se publicó la pasada semana en Mediterráneo

Imagen de la expectación registrada ante el juicio a Joaquín Álvarez Rodríguez, conocido como 'El Gallego', en Castelló. / Mediterráneo
Juan Salvador Salom Escrivá
Al no haber logrado el procesado el dinero aludido en la primera parte del crimen de la Calle Herrero de Castelló relatada la pasada semana, el 31 del mes de enero de 1953 reprodujo otra carta análoga a la primera en su texto y firma, pero pidiendo la cantidad de 250.000 pesetas para depositar en el Hogar del Camarada, en Castelló, calle Gasset, el 2 de febrero del mismo año. Pero ya era demasiado exigir y el padre de la víctima denunció los hechos a la Guardia Civil nada más recibir la segunda carta, la que estableció un servicio de vigilancia de dicha entrega en el Hogar del Camarada y sus alrededores, con numerosos agentes de paisano.
El padre de la víctima llevó allí ese día un paquete, que en vez de dinero contenía recortes de papel del tamaño de billetes. Los guardias civiles de paisano controlaban a todos aquellos que entraban y salían del local. Pasaron las horas y nadie se presentó a recoger el paquete, pero llamó mucho la atención el que Joaquín Álvarez Rodríguez, que no había estado nunca en dicho bar Suizo, entró y salió del mismo numerosas veces.

Imagen del lugar en el que sucedieron los hechos a mediados del siglo XX. / Mediterráneo
El Gallego, observando la vigilancia de que era objeto el local, abandonó el café Suizo y se dirigió a su taller y, desde él, a su casa de la calle Herrero número 55. Fue seguido por dos guardias civiles de paisano que procedieron a su detención cuando abría la puerta de su casa para entrar en ella.
El 4 de febrero de 1953 se practicó la diligencia de reconstrucción de los hechos en el domicilio del detenido, acudiendo el juez de instrucción, secretario judicial y médico forense además del propio Joaquín Álvarez. Sabedores los vecinos de Castellón de la práctica de dicha diligencia, acudieron en masa al domicilio del Gallego y luego al Juzgado de Instrucción, adonde fue trasladado seguidamente el detenido. Dicha reconstrucción se repitió dos días después, el 6 de febrero, siendo trasladado de nuevo Joaquín Álvarez a su domicilio, tratando de confirmar lo que El Gallego había manifestado en sus declaraciones ante la Guardia Civil. Nuevamente, numerosos vecinos acudieron a dicho domicilio con objeto de poder ver al Gallego. Joaquín Álvarez sufrió las increpaciones del público cada vez que entraba o salía del Juzgado o era trasladado a su domicilio.
El juicio duró tres días y formaron el tribunal, dado que el fiscal solicitaba la imposición de la pena de muerte para El Gallego, cinco magistrados, los tres de la Audiencia Provincial de Castellón y otros dos de la Audiencia de Valencia que se desplazaron a Castellón por este motivo. A la celebración de la vista pública asistió muchísimo público. La Policía Armada y agentes del Cuerpo General de Policía vigilaban la Audiencia y sus alrededores, manteniendo el orden.
En la vista pública se acreditó que el acusado, tras quemar el cadáver de su víctima, fragmentó sus huesos en más de mil trozos que esparció en el patio de su casa y mezcló de esta manera dichos fragmentos con tierra y estiércol de gallinas. Los peritos forenses, Jefes de las Secciones de Biología, Investigación Criminal y Toxicología de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, analizaron nada menos que 1.254 fragmentos óseos hallados en dicho patio para determinar si procedían de una persona o de animales, resultando de dicho análisis que 335 de los fragmentos eran humanos con entera certeza, 898 con un 98 por 100 de probabilidades de serlo también, y solo 30, no sometidos a calcinación, correspondían a una especie animal de pequeña talla, agregando que, salvo los últimos, parecían corresponder todos a una sola persona de hombre joven.
La Audiencia Provincial condenó al procesado como autor de un delito de robo con homicidio, concurriendo la circunstancia agravante de alevosía a la pena de muerte. El abogado defensor recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que desestimó su recurso, confirmando la sentencia recurrida. En el Consejo de Ministros de diciembre de 1954 se denegó el indulto.
Poco antes de cumplirse la pena, la noche que pasó en capilla, El Gallego estuvo asistido por cuatro miembros de la Hermandad católica Paz y Caridad. La ejecución tuvo lugar en la prisión de Castellón a las ocho de la mañana del día 19 de enero de 1955 por el método del garrote, a poco de cumplirse el segundo aniversario de su crimen, durando la ejecución poco más de diez segundos. De allí fueron trasladados sus restos al cementerio de Castellón. El verdugo, el ejecutor de la justicia, era bastante hábil en su oficio. Se trataba de Antonio López Sierra, que era de Madrid.
En cuanto a lo sucedido con el dinero del rescate, Joaquín Álvarez fue el que le encargó al menor que fuera a recoger un paquete al Café Suizo, encargo que cumplió el menor, y como quiera que no encontrara de nuevo a Joaquín, y sospechando por su actitud abrió el paquete y viendo que contenía 300.000 pesetas en billetes del Banco de España, se apropió de ellos encaminándose al pueblo de Almassora donde comunicó el hecho a sus familiares diciéndoselo a su madre Serafina, a su hermana María de 17 años, a Manuel y a Dolores, matrimonio natural de Jaén y con residencia en Almassora. Reunidos los citados decidieron que el dinero debían quedárselo ellos, sin proceder a su devolución ni a entregarlo a la policía pese a que tenían sospechas acerca de la procedencia de ese dinero.
La Guardia Civil detuvo a los cuatro que se quedaron con el dinero. En poder de los acusados se recuperaron 293.000 pesetas, que fueron entregadas a su propietario, Emilio Vivas Montón. La Audiencia Provincial les condenó, a cada uno de los mayores de edad, a un año y dos meses de prisión y mil pesetas de multa y a la menor de 17 años, a tres meses de arresto mayor y mil pesetas de multa, así como a indemnizar todos ellos al dueño del dinero, el padre del asesinado a quien el autor del crimen extorsionaba, en las siete mil pesetas que faltaban.
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