Muchos sospechosos y ningún culpable tras un triple crimen en Morella

La Guardia Civil practicó intensísimas investigaciones para averiguar la identidad de los autores del hecho y su detención después del triple crimen que narrábamos hace siete días. Apenas había pistas. Se investigó a los que habían salido poco tiempo antes de presidio y que eran de aquella zona, sin resultado. Se practicaron varias detenciones en Castellfort, también sin resultado. En dicho término municipal, en el Barranc dels Fusters se encontraron dos sacos llenos de calderilla, varios documentos de la recaudación y una gorra manchada de sangre. Lo recuperado era la calderilla de la recaudación, ascendiendo a 525 pesetas, y lo robado y no recuperado ascendió a 13.700 pesetas.

El 30 de noviembre de 1882 el juez de instrucción de Morella acordaba la inserción en los diarios oficiales de la orden de busca y captura de los asesinos, haciendo constar las señas que se tenían de los presuntos autores de los crímenes: Un hombre de estatura alta, delgado, de 32 a 34 años de edad; viste blusa y pantalón azules, con pañuelo en la cabeza y alpargatas; lleva un arma de dos cañones, sistema pistón. Y otro hombre de estatura regular, algo recio, labios abultados, del mismo traje que el anterior, con gorra en la cabeza y calzado como su compañero, de unos 38 a 40 años de edad; llevaba escopeta del mismo sistema, de un solo cañón. Descripción inútil, por cuanto era aplicable a múltiples personas.

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La investigación era incesante, pero avanzaba poco. El 5 de diciembre de 1882 se detuvo en Madrid a un comerciante de mantas al que se suponía relacionado con los hechos, siendo puesto en libertad. Continuaron los palos de ciego y fueron considerados sospechosos de los crímenes, acordándose por el juez de Morella la busca y captura de José Celma Lecha, natural de Herbers, de unos 32 años de edad, de estatura baja, y Tomás Segura Carulla, natural de Herbeset, sumariados sobre triple asesinato de dos guardias civiles y un recaudador de contribuciones, robo de dinero y heridas cometidos en este término. Ninguno de los dos tenía nada que ver con los hechos.

El único procesado era Manuel Mars, guarda mayor de los montes de Morella, al que se consideraba el cerebro de los crímenes, que fue detenido en enero de 1883. Manuel Mars nunca fue juzgado, pues se suicidó ahorcándose en la celda de la prisión en la noche del 16 de julio de 1883.

El 5 de agosto de 1884, casi dos años después, la Guardia Civil tuvo la confidencia de un niño vecino de Catí, de 13 años de edad, sobre quiénes fueron los autores de los crímenes. Según declaró el niño, él vivía en la propia casa de Catí en la que se planearon el atraco y los crímenes, concretando los nombres y apellidos de los dos autores que lo cometieron, el día y la hora, el lugar y cómo se iban a repartir lo robado. El niño afirmaba haber oído parte de la conversación que mantenían dichos individuos. Se buscaba a un tal Bartolomé, dueño de la casa en la que el niño dijo haber oído como se repartían el dinero los criminales. Uno de los que mencionó el niño fue detenido en su domicilio por la Guardia Civil el 7 de agosto de 1884 en Vinaròs, tratándose de un joven de 22 años de edad, de oficio cadirer, que trabajaba como oficial en un taller de sillas. Se detuvo también a la madre del niño. Junto al cadirer fue detenido otro individuo, de Tortosa, llamado Vicente Falomir, amigo de Mars, los cuales fueron puestos en libertad pocos días después al no acreditarse que tuvieran alguna participación en los crímenes. También se detuvo a un sujeto apodado Set Xulles, del que tampoco se acreditó ser coautor de los hechos.

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A finales de agosto de 1884 la Guardia Civil detuvo como presuntos autores de los crímenes a Joaquín Sabater, de Catí, y a Eduardo Cuartiella, capataz de montes en la provincia de Tarragona, los cuales fueron posteriormente puestos en libertad por no haber tenido participación alguna en los hechos.

El 10 de febrero de 1885 la Audiencia de Sant Mateu dictó auto de archivo por estos hechos respecto del teniente de alcalde de Catí, Bartolomé Roca Sanjuán, y otra persona por su presunta participación en los crímenes. Se les consideró sospechosos y las sospechas no se confirmaron. El 20 de enero de 1886 se detenía en el término municipal de Vinaròs a un quinquillero, que fue puesto en libertad al no podérsele probar su intervención en los hechos. Y todavía en una fecha más tarde, el 30 de abril de 1887, casi cinco años después de los crímenes del Racó dels Llivis, se detuvo como presuntos autores de los mismos a otros tres vecinos de Castellfort que fueron liberados más tarde.

Para desgracia de la justicia nadie fue juzgado por estos hechos, que quedaron impunes.

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