Ya era una realidad antes de que el coronavirus paralizara el mundo, pero la crisis sanitaria ha precarizado todavía más la situación laboral que atraviesan las casi 5.000 trabajadoras del hogar de Castellón. Muchas limpian casas por horas, otras cuidan niños, ancianos y personas con un alto grado de dependencia... y aunque su trabajo es considerado esencial, se las sigue tratando como profesionales de segunda. Y en el último año las cosas todavía han ido a peor. Solo unas pocas se han podido beneficiar de las ayudas del Gobierno en forma de subsidio y muchas han acabado perdiendo su empleo. El problema es que no tienen derecho al paro, por lo que una parte de ellas espera el salvavidas del ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda económica que tampoco acaba de llegar.

La crisis está pasando factura al colectivo de las empleadas de hogar y una prueba es el número de trabajadoras que cotizan. En febrero del 2020 la cifra de afiliadas a la Seguridad Social era de 3.795 en Castellón. Un año después eran 3.692, el dato más bajo de la última década. O lo que es lo mismo, en un año 103 se han quedado en el paro, rompiendo de esta manera una tendencia alcista que se había iniciado en el 2015. «Con la pandemia, nuestras condiciones laborales se han deteriorado aún más. Durante el confinamiento, sobre todo las que trabajaban en régimen interno, fueron obligadas a permanecer en los domicilios de los empleadores durante semanas y muchas fueron despedidas de un día para otro», describe Tania Gaspar, portavoz de la Plataforma por la igualdad de las personas trabajadoras del hogar de Castellón, una entidad a la que pertenecen asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, Hoac o UGT y CCOO. «Desde el 2019, el descenso en el número de afiliadas ha sido del 4% y, a nivel nacional, las trabajadoras despedidas han sido más de 20.000», añade

En Castellón son 3.692 las empleadas del hogar que cotizan en el régimen general de la Seguridad Social (datos del pasado mes de febrero), pero calculan que este sector ocupa en la provincia a unas 4.873 personas. Y la explicación a ese baile de cifras solo tiene un nombre y se llama economía sumergida. El de las empleadas de hogar es, de hecho, uno de los sectores con más volumen de empleo irregular, sin contrato. «Hay una parte del trabajo que no es regular, ya sea porque el empleador no quiere hacer un contrato o porque la empleada está en situación irregular, o por las dos cosas a la vez», coinciden en los sindicatos. 

Desde el 1 de enero del 2012, las empleadas del hogar cuentan con un sistema especial de cotización del régimen general que no se basa en el salario real, sino que va por tramos. Cada empleador tiene la obligación de dar de alta a las trabajadoras del hogar y cotizar por las horas efectivas de trabajo. El problema es que en los últimos meses muchos de esos empleadores se han quedado sin trabajo o han cerrado sus negocios, con lo que ya no pueden asumir el coste que supone tener a una empleada que limpie en casa tres o cuatro horas a la semana, cuide de los niños o se haga cargo de los ancianos. ¿Las consecuencias? En el peor de los casos, muchas profesionales han perdido su empleo. En el mejor, han visto como su jornada laboral se reducía a la mínima expresión. Y a menos horas de trabajo, menos ingresos. 

La precariedad es la reina en el sector de las trabajadoras del hogar y esta situación suele dar lugar a abusos salariales. Un reciente estudio titulado Trabajo doméstico y de cuidados, elaborado por UGT, reseña cómo en esta rama laboral el salario medio es entre un 50% y un 60% inferior a los promedios generales del mercado laboral. Además, añade el informe del sindicato, algo menos de la mitad de las trabajadoras del hogar está contratada a jornada completa.

 En teoría, las profesionales que trabajan a jornada completa deben percibir el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque en la práctica no siempre es así y son frecuentes los sueldos de 500 ó 600 euros al mes por ocho horas de trabajo. Por eso, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha una campaña de regularización con el envío de cartas a empleadores que, aparentemente, pagan a sus trabajadoras contratadas por debajo del SMI, que estipula un total 950 euros brutos mensuales y además dos pagas extraordinarias.

«Esta campaña de la Inspección es importante, aunque queda pendiente la regularización de los contratos de jornadas parciales y la gran cantidad de empleos sin contratos que hay en el sector», apuntan desde la Plataforma de Castellón, Un dato. La parcialidad en el colectivo de las trabajadoras de hogar es cuatro veces superior a la del resto de sectores.