¿A quién no le gustaría vivir en una casa con un buena aislamiento térmico y que disponga de una caldera que apenas emita CO2? ¿Quién no querría ahorrarse unos euros en la factura del gas o la luz, sobre todo ahora, que el precio de la electricidad está por las nubes? El problema es que en Castellón pocos, o muy pocos, lo consiguen. La mayoría de las viviendas son un coladero y por sus ventanas, puertas y cimientos se escapan cada año miles y miles de euros. Un dato. Ocho de cada diez inmuebles de la provincia suspenden en eficiencia energética y eso que con un buen aislamiento el ahorro podría ser de hasta el 80%, unos 1.200 euros al año. 

Desde que en 2013 una norma de la Unión Europea obliga a todos los inmueble de nueva construcción y a los de segunda mano que se vayan a vender o alquilar a contar con un certificado energético, el número de viviendas de Castellón que cuentan con la etiqueta que informa del gasto de luz o gas no ha dejado de crecer. En estos momentos ya son 86.439, una cifra que cada año aumenta en una media de 9.000. Solo en 2020, obtuvieron la acreditación 8.299 inmuebles, dato ligeramente inferior al del 2019, cuando fueron 10.782, según la estadística de Ivace Energía, un ente que depende de la Conselleria de Economía Sostenible.

Algo más de 86.000 inmuebles de la provincia disponen de certificación energética pero eso no significa que todos sean eficientes. Los niveles se organizan en siete letras siguiendo el abecedario, y el sistema es muy similar al de la etiqueta energética de los electrodomésticos. Van desde la A (los más eficientes) a la G (los de mayor despilfarro). 

Lo llamativo es que la inmensa mayoría de los inmuebles de la provincia que disponen de un certificados energético están en la parte baja de la tabla, es decir, tienen asignados las letras E, F o G. Una acreditación E se considera por debajo del aprobado, dado que su consumo de energía oscilaría entre el 100 y el 110%. Y en esa categoría se encuentran 71.679 viviendas de Castellón, el 82,9%. O dicho de otra manera: ocho de cada diez inmuebles suspende.

El paisaje se vuelve más verde cuando se habla del parque de viviendas más eficientes, aquellas etiquetadas en las categorías A, B o C. Y aunque la estadística muestra que solo son 4.767 casas, la realidad es que poco a poco los niveles más bajos van cediendo posiciones a los más altos. Un ejemplo. De los 8.299 inmuebles de Castellón que en 2020 obtuvieron la certificación energética, el 14,5% lo hicieron con la catalogación A, B o C. Hace cinco años el porcentaje apenas llegaba al 6%.

Si en Castellón predominan las viviendas con una baja calificación energética es porque más de la mitad del parque de inmuebles es anterior a 1980 y, por lo tanto, fue construido sin normativa de eficiencia energética. No obstante, las nuevas viviendas se construyen ya con estándares altos de eficiencia. Desde el 2013, cuando la certificación pasó a ser obligatoria para las nuevas construcciones, se han certificado en la provincia 1.567 viviendas (1.620 si se incluyen los edificios terciarios) y el 46% tiene una etiqueta A o B.

La clave, por tanto, está en el parque de viviendas antiguas y más teniendo en cuenta que el sector residencial se come casi el 20% del consumo de energía total en España. Y, además, Europa aprieta cada vez más. La rehabilitación, más que una opción, empieza a ser una obligación y la administración está más dispuesta que nunca a fomentar las reformas energéticas en las casas. El Gobierno ya ha anunciado que en los próximos dos años invertirá 5.300 millones de euros de los fondos europeos para reformar energéticamente 480.000 inmuebles

En la Comunitat Valenciana, también existe una importante partida de ayudas. El Ivace ha puesto en marcha un programa de ayudas a fondo perdido para impulsar actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, dotado con casi 26 millones de euros. El plazo para la presentación de solicitudes acaba el próximo 31 de julio y la  cuantía de las ayudas oscila entre el 25% y el 35% en función del tipo de actuación y edificio.