El azulejo de Castellón impulsa enmiendas a la ley de cambio climático y transición energética, aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, ante la amenaza que supone su aplicación para la competitividad en los mercados exteriores y la "inaceptable" tramitación.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) apunta a la alta exposición del sector nacional a la competencia internacional, por lo que considera que «los sobrecostes que tendrá que soportar por esta norma provocarán que los productos sean desplazados de los mercados internacionales, con implicaciones muy graves para la economía» 

Por ello, la patronal aporta una serie de alegaciones que se discutirán en el Senado por trámite de urgencia, lo que según Ascer «hace inviable la revisión por todas las formaciones políticas», pese a las implicaciones «muy importantes de la ley en la actividad industrial y económica».

El articulado de la nueva regulación incluye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de los sectores productivos españoles un mínimo del 23% respecto del ejercicio del 1990, a lo que se añade que las propias compañías realicen mediciones y hagan pública su huella de carbono. Ante ello, el clúster cerámico manifiesta que «es necesario apostar por una transición verde más sostenible y eficiente, aunque el trámite de esta ley se está realizando de espaldas a los principales sectores de la economía, quiénes se van a ver afectados de lleno por las implicaciones de adaptación de sus procesos productivos».

Y es que, tal y como han reivindicado en diferentes ocasiones anteriores, sectores que consumen gas de forma intensiva, como ocurre con el azulejo, «no disponen de tecnologías maduras que les permitan la transición energética exigida por el Gobierno». De hecho, Ascer ya ha apuntado previamente su apuesta por la investigación para sustituir el uso de gas natural en los procesos de producción, como la cocción, recurriendo para ello a tecnologías como el hidrógeno verde, cuyo desarrollo todavía no se ha completado. 

Estatuto específico

Esta cuestión ha llevado a la patronal, junto a otras actividades en el mismo escenario, a solicitar la creación desde el ejecutivo central de un estatuto especial para las industrias consumidoras intensivas de gas, «reconociendo así los beneficios que aportan a la gestión y eficiencia del sistema, completando la ley e impulsando la descarbonización».

Otra de las peticiones en las que insiste Ascer es que «no se dupliquen las cargas tan importantes que ya soportan» por el coste del dióxido de carbono. Actualmente el sector está afectado por la ley de derechos de emisión y, tal y como está redactada la propuesta de ley, a criterio de la organización, el sector también sería penalizado por tener la obligación de calcular la huella de carbono, «con los costes adicionales que supondría y sin que ello conlleve ningún beneficio medioambiental adicional».