La Generalitat valenciana construirá 2.457 viviendas públicas en los próximos cinco años para destinarlas a alquiler asequible en 18 municipios valencianos entre los que se encuentran Castelló, Burriana y Almassora. La edificación se realizará mediante promociones públicas, cesión de solares a promotoras y cooperativas y proyectos piloto de eficiencia y sostenibilidad, con el objetivo de acercarse a la media europea y dar respuesta a las necesidades que se plantearán tras la pandemia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, han presentado el Plan 2400 de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, una iniciativa que prevé una inversión público-privada de 294 millones de euros (el Consell aportará 213 millones) y generar hasta 13.500 empleos directos e indirectos. «Es una repuesta potente y necesaria a una emergencia residencial que ha agudizado la pandemia», destacó Puig.

El plan, realizado en colaboración con l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) se basa en cuatro ejes: promoción desde la Generalitat de vivienda pública; concurso de solares públicos cedidos en derecho de superficie a promotoras privadas para crear vivienda protegida de alquiler asequible (derecho a superficie por 75 años prorrogables); concurso de solares públicos para la promoción y gestión de viviendas en régimen de cesión de uso para cooperativas de vivienda, y proyectos piloto de vivienda sostenible

De las 2.457 viviendas, 1.131 serán de construcción pública, mientras que 1.326 se edificarán mediante la colaboración público-privada. Además, de las primeras habrá 1.090 pisos de promoción propia (se invertirán 130 millones de euros en 11 municipios valencianos) y 41 proyectos piloto ( con una inversión de 6,5 millones de euros en tres localidades). Entre las viviendas que se construirán mediante la colaboración público-privada, habrá 1.206 mediante concurso de solares (el presupuesto es de 143,1 millones y se ejecutará en 7 poblaciones) y otras 120 a través de concurso de cooperativas (14,4 millones y 5 municipios). 

Los inmuebles se construirán en 18 municipios de la Comunitat y en la provincia de Castellón serán 192. En Alicante se edificarán un total de 1.155 viviendas mientras que en Valencia serán 1.110.

GRANDES DESIGUALDADES

Ximo Puig señaló que quedarse en casa por el confinamiento decretado ante el covid-19 llevó a salvar muchas vidas pero también a evidenciar «grandes desigualdades» respecto al «derecho constitucional a la vivienda», una circunstancia que hizo que unos ciudadanos lo vivieran «en peores condiciones que otros». El jefe del Consell añadió también que el gran objetivo que plantea el Plan 2400 de Vivienda Protegida Pública es dar «pasos decididos» hacia el «escudo social basado en el pilar básico de una vivienda digna».

Para el president, « se trata de garantizar ese derecho fundamental de los ciudadanos», y dijo que las más de 2.400 viviendas anunciadas pretenden responder a la «emergencia habitacional que ha agudizado la pandemia».  

Por su parte, el conseller Rubén Martínez Dalmau insistió en que es ineludible «la necesidad de abordar el derecho a una vivienda digna» y que «nunca habrá libertad si hay miedo a no disponer de un techo o no tener posibilidad de crear un proyecto de vida».