Donde dije digo, digo Diego. El Gobierno incluyó en uno de los anexos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que envió a la pasada semana a Bruselas un paquete de reformas fiscales entre las que figura eliminar de manera progresiva las exenciones por hacer la declaración del IRPF de forma conjunta, pero las críticas de la oposición y de los asesores fiscales que han visto en esta medida un nuevo hachazo fiscal a las familias, le ha obligado echar el freno. Ayer, apenas un días antes de la celebración de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez aseguró que se aplaza la decisión hasta febrero del 2022, cuando un grupo de expertos elaborará un dictamen y avanzó también que, de suprimirse estas ayudas, se hará sin aumentar la carga fiscal de las familias.
La propuesta está, de momento, congelada pero si finalmente sale adelante perjudicará de lleno a casi 42.000 familias de la provincia. Los últimos datos que maneja la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria estiman que en la actual campaña las declaraciones conjuntas serán 41.690 en la provincia, mientras que 258.152 serán individuales. Aquellos que optan por una declaración conjunta (en la Comunitat son más 356.000 familias) tienen una bonificación y, en caso de suprimirse, les supondría una subida de impuestos de entre 600 y 1.500 euros.
Pero, ¿quiénes van a ser en Castellón los más perjudicados por la iniciativa? Si los cambios llegan a materializarse, a quien más afectará la eliminación de la ayuda fiscal en la declaración del IRPF será a los matrimonios en los que uno de los cónyuges no trabaja; las madres divorciadas con hijos; viudas con descendientes a su cargo; o parejas de pensionistas en las que solo uno de los dos cobre la paga de retiro. «Aunque hay muchas casuísticas, en la provincia la inmensa mayoría de los que optan por presentar la declaración de la renta de forma conjunta son matrimonios en los que uno de los cónyuges no trabaja o, si lo hace, sus ingresos son muy bajos», apunta Luis Chinchilla, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Castellón, que aglutina a un centenar de despachos.
DE MANERA INDISCRIMINADA
El problema, añade Chinchilla, es que lo que plantea el Gobierno es suprimir las bonificaciones de forma indiscriminada, es decir, a todo el mundo y sin tener en cuenta los ingresos. «No es lo mismo un matrimonio donde solo trabaja uno de los dos y el que trabaja gana 100.000 euros al año, que otro en las mismas circunstancias pero cuyo salario es de 25.000 euros» dice el presidente de los asesores fiscales que advierte que, si sale adelante la reforma fiscal planteada, las amas de casa desaparecerán de la declaración de la renta.
Pese a que el Ejecutivo dio ayer marcha atrás, en el plan remitido a Bruselas figura con nitidez que el Gobierno pretende «la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente las mujeres)». Así figura en la página 341 del documento, en el anexo número cuatro. Además, un estudio reciente de la Autoridad Fiscal (Airef) señala que estas deducciones cuestan 2.239 millones anuales a las arcas nacionales y los beneficiarios son 2,1 millones de hogares en España.
