La provincia de Castellón cuenta con más burdeles que salas de cine. Así lo denunció este jueves la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en la presentación de la campaña Si pagas, abusas que tuvo lugar en la Universitat Jaume I dirigida a prevenir el consumo de prostitución entre los menores de 30 años.
La dirigente autonómica detalló que la Policía de la Generalitat tiene identificados 55 burdeles frente a las 54 salas de cine en el territorio provincial. Un dato que «solo puede ser asumido con vergüenza y la determinación necesaria para acabar con esta infamia». Y es que, para Bravo, esta cifra justifica también que «España sea el tercer país del mundo que más prostitución demanda», así como que este «comercio inhumano mueve más de cinco millones de euros al día» con cerca de «45.000 mujeres prostituidas y el 90% atrapadas en redes de traficantes con fines de explotación».
Aliados contra la compra de sexo
La iniciativa enfocada a los jóvenes pretende pues conseguir convertir a esta población en «nuestros aliados para conseguir una sociedad en la que la compra de sexo no sea una opción admisible en ninguna circunstancia». Además, la campaña forma parte del Foro por la Abolición de la Prostitución puesto en marcha por la Conselleria y cuenta con un anuncio rodado por la directora de cine social y ganadora de un Goya, Mabel Lozano.
«Necesitamos jóvenes que no duden entre regulación o abolición; entre explotación o dignidad; y que no duden de que detrás de prostitución solo hay historias de necesidad, violencia, explotación, humillación, miedo y aislamiento», concluyó Bravo.
Víctimas
Por otro lado, Bravo instó a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado a considerar a las mujeres prostituidas como «otras víctimas más de violencia de género a las que hay que proteger y ayudar a salir de esa situación» en el primer curso sobre esta materia dirigido a efectivos de los diferentes cuerpos de emergencias realizado en la autonomía.
Asimismo, la consellera adelantó que desde el Consell realizarán propuestas «para que los ayuntamientos tengan base legal para adecuar sus ordenanzas y puedan actuar contra los establecimientos que dan cobertura a la explotación sexual», dentro de las diferentes acciones previstas desde el ejecutivo autonómico para acabar con la explotación sexual en todo el territorio.
