El fenómeno se llama despoblación y en los últimos años ha ganado tanto protagonismo que prácticamente se ha convertido en un asunto de Estado. Y eso que el problema no es nuevo. En el Castellón vacío, el declive demográfico comenzó en los años cincuenta y se aceleró en las dos décadas posteriores, con fugas masivas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. El proceso siguió y aunque a principios de la década de 2000 la llegada de inmigrantes amortiguó el golpe, la mejora se truncó por la crisis financiera que arrancó en 2008. Ahora ha sido el Banco de España el que le ha puesto cifras al fenómeno: 3.403 municipios españoles, el 42% del total, se encuentran en «riesgo de despoblación». De ellos, 51 están en Castellón, lo que significa que cuatro de cada diez localidades de la provincia (el 37,7% ) tienen amenazada su viabilidad futura. Y un apunte más: en esos pueblos del interior que tienen su futuro amenazado viven algo más de 17.000 personas. 

En un estudio pionero en España en esta materia, el Banco de España advierte de que existe «un conjunto de municipios rurales cuya supervivencia a largo plazo podría verse amenazada en caso de que sus dinámicas poblacionales no se reviertan», señala en un capítulo del Informe Anual 2020 dedicado a la despoblación y sus implicaciones económicas. 

En el listado de localidades de Castellón en riesgo aparecen desde municipios muy pequeños como Aín o Arañuel, de 123 y 151 habitantes respectivamente, a otros cuya población es mucho más alta, como por ejemplo Morella o Catí. Y la explicación radica en que el supervisor considera que una localidad está en riesgo de despoblación si cumple tres requisitos: crecimiento negativo de la población entre 2001 y 2018; mayor número de defunciones que de nacimientos en cada año desde 2001 hasta 2018; y una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Canet lo Roig, Cinctorres,Forcall, Olocau, Vistabella, Xert o Ares están en la lista de municipios en riesgo de despoblación del Banco de España y, además, hace meses que luchan por darle un vuelco a la situación. ¿Cómo? Todos forman parte del programa piloto Reviu, una iniciativa de la Agència Valenciana Antidespoblament (Avant) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para que familias se instalen en poblaciones en peligro de quedar sin habitantes a cambio de un empleo y una vivienda. 

Poner en valor lo rural

Morella también lucha a contrarreloj para evitar el declive demográfico y su alcalde, Rhamsés Ripollés, destaca una iniciativa ha puesto en marcha el ayuntamiento con la ayuda de la Generalitat valenciana. «Se trata de una oficina para apoyar proyectos y ayudas a la vivienda», describe al tiempo que apuesta por «cambiar la visión del mundo rural de manera que se valoren los atractivos de los pueblos e implicar a la gente que vivimos aquí». (informa Javier Ortí). 

El Consell y los ayuntamientos tratan de frenar la despoblación, pero las diferencias entre el mundo urbano y el rural crecen a pasos de gigante. Y en los municipios en riesgo de desaparecer hay cada vez más una peor provisión de los servicios. El Banco de España cita un ejemplo: para acceder al colegio, al centro de salud o a una estación de servicio, un habitante del rural debe desplazarse de media 22,6 kilómetros frente a los 2,15 de una zona urbana. Pero si resulta que la localidad es alguna de las calificadas como en riesgo de despoblación, el recorrido supera los 30 kilómetros. 

El supervisor alerta de que también conviven con un «déficit significativo» de acceso a los servicios financieros y a los digitales , lo que resulta un obstáculo tanto para fijar población como para atraerla, ya que dificulta operaciones ahora tan comunes como el comercio electrónico. Y a la hora de abordar soluciones a la despoblación, el Banco de España hace hincapié en aprovechar las oportunidades en el turismo, el teletrabajo o las energías renovables.