Doce años de cárcel. Es la nueva pena de prisión a la que se enfrenta el expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP provincial Carlos Fabra por, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, ocultar su patrimonio para dificultar la acción de la Justicia y evitar así el pago de la multa con Hacienda impuesta al expolítico tras su condena e ingreso en prisión por el caso Naranjax.

Según sostiene el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, Fabra urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Amparo Fernández; dos de sus hijos --Borja y Claudia Fabra--, uno de sus yernos y terceras personas cercanas al expolítico, haciendo uso de sociedades pantalla. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha sido el encargado de la instrucción del caso.

El objetivo del expresidente provincial no era otro, según el Ministerio Público, que el de impedir que se hicieran efectivas la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, quedando pendiente de pago a cargo de Fabra más de un millón de euros --concretamente 1.031.457 euros--. Según el referido escrito, también cooperaron con Fabra, de forma no habitual, varios empresarios de Castellón.

"La aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994 de euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada", reza la Fiscalía Anticorrupción.

Cantidades desorbitadas de dinero

El Ministerio Público pone de manifiesto que en el periodo de tiempo objeto de investigación (2007-2017), se detectó una intensa actividad bancaria por parte del expolítico y de su entorno, sobre todo de su hijo Borja, con unos abonos brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 de euros que en modo alguno han estado destinados a sus deudas tributarias y judiciales. 

También destaca el fiscal que de entre esa actividad económica cobra especial relevancia el abundante caudal de abonos en efectivo en cuentas de Fabra, ascendente a 2.696.994,31 euros de los que puede afirmarse su origen ilícito, teniendo en cuenta que el expresidente de la Diputación carece de una actividad negocial que pudiera haberla generado

Para la acusación, esa intensa actividad bancaria ha tenido una doble finalidad: por un lado ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Fabra a los efectos de evitar embargos por sus deudas tributarias y judiciales y por otro, canalizar y realizar los fondos de procedencia ilícita, tanto el dinero en efectivo como los abonos en cuenta.

Las penas solicitadas

Fabra se enfrenta a 12 años por delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. Para su mujer y su hija Claudia piden siete años de cárcel y para sus hijo Borja, un total de 11.

Por su parte, los distintos colaboradores y empresarios se enfrentan a penas de entre 9 meses y 8 años por delitos de cohecho e insolvencia punible y de frustración de la ejecución.

"Solo tengo una pensión de 1.829 €"

«Mi mujer sí que pagó todo lo que esa sentencia le impuso (548.000 euros entre la multa y la indemnización a Hacienda). Tuvimos que vender nuestro patrimonio y algunas cosas muy por debajo de su valor. Hacienda se quedó un cheque íntegro de un millón y medio de euros de una propiedad. Recién vendida, mi mujer lo firmó y fue directo a la Agencia Tributaria», mantuvo el exdirigente popular en conversaciones con este periódico tras el registro de su vivienda de Platgetes (Orpesa) el pasado mes de septiembre en el marco de esta investigación.

Por lo que se refiere a sus propios pagos, sostiene: «Yo pagué una parte importante, pero la multa no la pude abonar --la cantidad total ascendía casi a 1,4 millones de euros--. No puedo pagar un dinero que no tengo», aseguró el expresidente, quien incidió en que tiene interpuesta una demanda contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Fabra, desde que el registro domiciliario en su villa de Platgetes (Orpesa) volviera a ponerle en el punto de mira, ha querido recalcar que no tiene ningún bien ni posibilidad de pagar.