Pese a las numerosas peticiones de los municipios afectados, con alcaldes tanto del Partido Popular como del PSOE, el Gobierno de España elude por el momento asumir los costes de las amortizaciones de las dos desaladoras ubicadas en la provincia de Castellón: la de Moncofa-Xilxes y la de Cabanes-Orpesa. «Por ahora no hay una decisión tomada, por lo que la situación sigue siendo la misma: se siguen aplicando los acuerdos provisionales que actualmente hay suscritos con Acuamed», explican al respecto a Mediterráneo desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la materia en cuestión.
Esa decisión que todavía está por tomar afecta, y mucho, a los municipios que deben asumir unos elevados costes. En las últimas horas, el Ayuntamiento de Orpesa ha vuelto a insistir. «Reclamamos al Gobierno que asuma la amortización de la desaladora», apunta la alcaldesa, María Jiménez, en la misma línea de las declaraciones, este pasado martes, del alcalde de otra de las localidades afectadas por la situación. Wences Alós. El primer edil de Moncofa retomó esta semana las recurrentes quejas, justo cuando el municipio está inmerso en la tercera y última anualidad de la tarifa aprobada por Acuamed, que podría alargar las condiciones con una prórroga de dos años. También este verano se cumplen dos años de la última prórroga relativa a Orpesa, según confirman fuentes municipales.
Frente común
Se trata de una vieja reivindicación de numerosos municipios de la provincia, que consideran que, en caso de que el Gobierno central se hiciera cargo de los costes, otras localidades cercanas a Moncofa y Orpesa podrían consumir también el agua de las desaladoras, reduciendo el precio de la misma. Los munícipes reclaman que el Estado asuma la inversión, un hecho que ayudaría a que se unieran más localidades, las desaladoras trabajasen a pleno rendimiento y, en consecuencia, se rebajaran las tasas del agua.
En el caso de la desaladora de Cabanes-Orpesa, otro de los municipios afectados por esta situación es Benicàssim, que hace uso del agua desalada en verano debido al aumento poblacional. Su primera edila, Susana Marqués, recordó recientemente en este diario que el PP ya ha presentado 8 mociones para exigir al Gobierno que asuma el coste de la construcción. «El Ejecutivo debe incluir las desaladoras dentro de las infraestructuras hídricas del Estado; es inviable que a partir del 2023 Benicàssim deba pagar un millón de euros anuales durante 25 años», afirmó. Además, el senador Vicente Martínez denunció discriminación territorial con el tema. «El Gobierno sí ha asumido este coste en Cataluña y otras comunidades y nosotros pedimos un trato igualitario», aseguró.
En Moncofa consideran que, con el Gobierno asumiendo la desamortización, podrían sumarse al convenio ciudades como Nules o la Vall d’Uixó. En Xilxes, otro municipio cercano, todavía faltan las canalizaciones. Mientras tanto, unos y otros, esperan que el Gobierno central reaccione.
