El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha anunciado que va a ofrecer asesoramiento jurídico a aquellas familias residentes en territorio autonómico que se opongan a la «imposición del valenciano» como lengua vehicular en las aulas el próximo curso. Tanto es así, que los populares animan a los ciudadanos a presentar recursos, porque defienden que «se están vulnerando los derechos de los alumnos, incumpliendo el Estatuto de Autonomía y vulnerando la Constitución».
La portavoz de Educación en les Corts, Beatriz Gascó, ha mantenido recientemente reuniones con representantes del partido en zonas castellano-hablantes, a quienes les ha trasladado el propósito de dar respaldo a quienes impugnen los proyectos lingüísticos interponiendo recursos de alzada. Gascó precisa que «todas aquellas personas que consideren que se están vulnerando los derechos de sus hijos en el aula, contarán con el apoyo jurídico del Partido Popular, queremos que sepan que no están solas en la defensa de su libertad».
La diputada autonómica remarca este posicionamiento añadiendo que «vamos a pelear para que no se imponga una forma de actuar sectaria. La gente quiere libertad y solo pedimos a Educación que respete la ley y que las familias puedan elegir».
«Más del 95% de las familias no ha participado en la aprobación de los proyectos lingüísticos de cada centro»
Gascó advierte de lo que, para los populares, va a ser un serio problema el próximo curso. Afirma que «no tiene sentido, por ejemplo, que un alumno esté exento de la asignatura de valenciano, pero que le impongan obligatoriamente como mínimo un 25% del currículum en valenciano». También lamenta que «los proyectos lingüísticos de cada centro se están aprobando estos días sin ningún diálogo» en contra, según dice, de los criterios de la ley, que «obliga a un proceso participativo que no se está llevando a cabo». La diputada remarca que «se intenta disfrazar de consenso su aprobación» pero incide en que «es una tomadura de pelo, porque más del 95% de las familias no ha participado en este proceso de la elección de lengua para sus hijos».
Sin alternativa
Desde el PP van más allá al remarcar que «cuando Puig dice que el castellano no está en peligro está obviando la ley, nadie puede ser discriminado por la lengua», porque la realidad, según Beatriz Gascó, es que «hay muchos municipios donde no hay alternativa y no se puede estudiar en castellano, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia valenciano».
La diputada ha concluido asegurando que «dentro de dos años, cuando el tripartito de izquierdas deje el gobierno valenciano, eliminaremos el requisito lingüístico en la Ley de Función Pública y la ley de la imposición lingüística en la enseñanza».
