La falta de señales para cambiar las actuales con el fin de adaptar la circulación por la ciudad a los nuevo límites de seguridad marcados por la Dirección General de Tráfico (DGT) ralentizan su colocación en Castelló, tal y como explicó al periódico Mediterráneo el concejal de Movilidad, Jorge Ribes, con respecto a este proceso. El hecho de que esta medida entrara en vigor a la vez en toda España el pasado 11 de mayo ha provocado que los fabricantes de estas señales no puedan satisfacer todos los pedidos y haya que esperar más tiempo, con lo que la colocación de las mismas se prolongará durante más meses de los esperados en la capital de la Plana.
«Confiamos en que el cambio de todas las señales a los nuevos límites de circulación esté finalizado tras el verano o, como mucho, antes de final de este año», afirmó el concejal, quien, si bien reconoció la demora en la colocación de esta señalización sí que destacó que desde el consistorio de la capital «estamos realizando este trabajo lo más rápido que podemos cuando contamos con las piezas para ir colocándolas en la ciudad».
En dos fases
De hecho, el Ayuntamiento de Castelló ha fijado dos fases para el cambio de las mismas. En estos momentos está desarrollando la primera de ellas en la que ha priorizado las rondas de circunvalación (la velocidad máxima ya marca a 60 km/h y no a 80 km/h como marcaba la anterior norma) y las zonas más problemáticas como, por ejemplo, donde se producen más accidentes, donde se detecta que los vehículos circulan a gran velocidad o en los entornos de los centros escolares.
El segundo periodo se centrará principalmente en los viales del centro donde solamente se puede circular a 30 km/h. «La urgencia por cambiar las señales en estas calles no es tan grande porque los diferentes pasos elevados que existen y los semáforos ya contribuyen a frenar la velocidad de los vehículos», prosiguió el concejal Ribes, quien recordó que el objetivo de Castelló es ser una ciudad 30 antes del 2023, fecha que marca la Unión Europea para este propósito para contribuir a disminuir la cantidad de CO2 en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
