La escena ocurrió hace tan solo un par de semanas en pleno centro de Vila-real. Un grupo de cinco o seis jóvenes de Barcelona okuparon una vivienda de casi 500 metros cuadrados propiedad de Caixa Rural Vila-real. Reventaron la cerradura y entraron por la cara. No es el único ejemplo. En Vinaròs, en febrero de este mismo año, los vecinos de las calles Ánimes y Àngel, también en el centro urbano, denunciaron el incremento de inmuebles habitados de manera ilegal y la inseguridad que generaba. Y en Burriana, más de lo mismo. El pasado mes de noviembre, hartos de no encontrar soluciones, los vecinos alzaban la voz y alertaban de la presencia de okupas en viviendas de las calles Barranquet, Marí o Jardín del Beso. La sensación general es que el fenómeno de la ocupación ilegal es cada vez más importante y los datos que maneja el Ministerio del Interior corroboran esta impresión. En Castellón cada dos días se okupa una casa y en el último año la cifra ha aumentado un 60%.

Durante el 2020, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia en la provincia de 130 casos de ocupación ilegal de inmuebles, 49 más que en el ejercicio anterior y más del doble que en el 2016, siempre según los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que insiste en que esos 130 hechos conocidos se refieren tanto a allanamiento de moradas, okupaciones hechas de primeras y segundas residencias y usurpaciones de inmuebles, sean o no residenciales. En la provincia, y según todas las fuentes consultadas, lo más frecuente es la usurpación, es decir, ocupar un casa que lleva vacía años, en la que no habita nadie ni de forma permanente ni por temporadas ni de vacaciones y que, generalmente, las víctimas suelen ser bancos o fondos de inversión.

La estadística evidencia claramente que el fenómeno de la okupación va a más en Castellón y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las entidades financieras y para los propietarios particulares, y las empresas que se dedican a los desalojos exprés también hablan de un auge. «El último año el incremento ha sido espectacular y en la provincia hemos actuado en casos de segundas residencias y también de inquilinos que tras pagar el primer mes de alquiler han dejado de abonar la mensualidad y se han convertido en okupas», describen desde Desokupa Exprés. 

Una ley de desahucio exprés

Echar a un okupa de una vivienda habitual o una segunda residencia es más fácil que desalojarlo si el inmueble está vacío o pertenece a una entidad financiera. Desde el 2018 existe en España la ley del desalojo exprés que posibilita al propietario de una vivienda ocupada de manera ilegal acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio. A partir de la presentación de una demanda civil, se establece un plazo a de 30 días en el que se suele recuperar la vivienda, aunque en la práctica se logra en un plazo de tres a doce meses y por lo general con desperfectos que nadie cubre.

En el caso de los desalojos de casas de entidades financieras, la justicia tarda más tiempo. En Vila-real, por ejemplo, Caixa Rural Vila-real comparte con otros bancos la propiedad de un maset okupado desde hace meses y sigue en manos de los juzgados.