Peñíscola, Benicàssim, Orpesa o Alcalà de Xivert multiplican exponencialmente su población cada año con la llegada de la temporada estival, como ocurre en cada una de las localidades turísticas de Castellón, sin que la crisis del covid-19 haya alterado esta asentada tendencia. Esto obliga a los consistorios a reforzar servicios durante los meses centrales del verano para poder llegar a todos estos vecinos ocasionales, entre lo que se incluye el ámbito de la seguridad. Ahora bien, una vez más, este año todas estas poblaciones seguirán sin poder incorporar efectivos de forma puntual a sus plantillas de Policía Local, obligándoles a recurrir a otras fórmulas para evitar mermas en el servicio esencial.

Ocurre en Benicàssim, donde su alcaldesa, Susana Marqués, lamenta todavía los efectos de la supresión tiempo atrás de la figura de refuerzo de verano con la ley de coordinación de las policías locales: «La norma dificulta nuestras actuaciones, pues recibimos a mucha gente en verano y que se nos impida reforzar las plantillas influye en el servicio», señala, a la vez que detalla que «cubrimos estas necesidades reforzando turnos con la plantilla existente».

También en Peñíscola, el primer edil, Andrés Martínez, apunta que la legislación les deja «huérfanos de personal», pues en su momento «teníamos gente interina unos meses con unas funciones determinadas recogidas en la ley», cosa que no ocurre en estos momentos por el mismo motivo.

Las alternativas

Esto lleva a los ayuntamientos a buscar alternativas. Torreblanca refuerza el cuadrante según las necesidades, tal y como explica la munícipe, Josefa Tena, quien detalla que están inmersos al mismo tiempo en un proceso para cubrir las vacantes «para lo que ya hemos activado los mecanismos». Misma situación se da en Orpesa, donde la concejala de Seguridad, Araceli de Moya, comenta que «estamos finalizando un proceso de consolidación de interinos», aunque confiesa que «vendría bien» la posibilidad de incorporar personal en base a las necesidades, recurriendo mientras tanto una vez más al refuerzo de horas «organizándonos con los recursos de los que disponemos en el municipio».

Una solución única y prácticamente obligada también para Alcalà de Xivert, o Benicarló, donde pese a todo contarán este año con una patrulla específica de playas que se encargará de controlar aforos y medidas contra el covid-19.

Ante ello, máximos dirigentes locales como Susana Marqués reclaman una regulación específica para las zonas turísticas: «Entiendo que se quieran estabilizar las plantillas, pero la norma no se adapta a las necesidades, pues no podemos asumir tener los refuerzos durante todo el año y fuera del verano la afluencia también baja», dice la alcaldesa de Benicàssim.

Rechazo de organizaciones

La desafección con el marco normativo se extiende a organizaciones del personal afectado. El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) califica el escenario de «empastre» y considera que la ley existente «nació desfasada». Y es que, a su criterio, esto se ha traducido en «hacer horas extras que tardan en cobrarse, la imposibilidad de coger vacaciones en los meses de verano o una carga extra de trabajo, pues se deben asumir las funciones completas con el personal que hay». Motivos por los que el sindicato comparte la postura de los consistorios, ya que «muchos municipios no pueden incrementar la plantilla y mantenerla todo el año», a la vez que denuncia que años después pese al cambio normativo se mantienen otros problemas estructurales como la interinidad.

Informan María José Sánchez y Eva Bellido.

Los efectivos de la Policía Local, además de las tareas propias en un escenario sin coronavirus, deben seguir velando aún por el cumplimiento de la normativa anticovid para evitar rebrotes importantes, tal y como afirman algunos alcaldes, lo que genera una carga de trabajo adicional a la de atender avisos de emergencias o llevar a cabo las labores de prevención y vigilancia.

Entre esas medidas, el último decreto de la Conselleria de Sanitat, que encabeza Ana Barceló, incluye cuestiones relacionadas con el uso de espacios con gran concurrencia durante el verano como las playas, aunque todavía podrían producirse modificaciones en este sentido en próximas semanas. Por ahora, la regulación estipula la obligación de utilizar la mascarilla en los accesos y el paseo a la orilla del mar y la excepción de portarla en periodos de descanso cuando la persona permanezca en un punto determinado respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes y en grupos siempre de máximo diez componentes. No obstante, el Consell presenta este miércoles en Orpesa el dispositivo de seguridad y salud pública, donde pueden avanzarse novedades.