Más de 18.000 empleados dependientes de la Generalitat Valenciana en Castellón deberán acreditar el nivel suficiente de conocimiento de valenciano una vez se aplique la nueva ley de función pública que establece este requisito para los diferentes profesionales de la administración autonómica.

Regulación: El texto recoge ya el requisito en el acceso

El texto de la nueva norma, aprobada en Les Corts el pasado mes de marzo, establece la obligación para acceder al cuerpo de funcionarios de la Generalitat «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

Concreción: A la espera de un reglamento futuro

Ahora bien, aunque la mencionada ley ya recoge dicha obligación, este apartado deberá desarrollarse en un nuevo reglamento que concrete los niveles oportunos para cada categoría profesional, el cual deberá materializarse en un plazo máximo de un año, antes del próximo marzo, por lo que ahora la obligación todavía se mantiene en el aire a expensas de dicho detalle. La causa principal de este proceder es la mayor facilidad existente a la hora de modificar un reglamento respecto a una ley, blindando también el texto de mayor categoría de cara a recursos y abriendo la puerta incluso a que la persona que ostenta el área de salud pública pueda realizar cambios con menor dificultad.

Ámbitos: Diferencias entre la sanidad y la educación

Con todo ello, no se aplicará la misma exigencia a todos los ámbitos donde existe presencia del cuerpo público de la autonomía. Por ejemplo, el profesorado es uno de los sectores que se avanza a este escenario y ya debe contar con un título de valenciano para impartir clases, mientras que el personal sanitario fue el que más suspicacias generó en un primer debate, donde incluso se barajó la posibilidad de que quedara fuera del requisito, aunque esto aún debe resolverse.

Territorio: La única autonomía bilingüe sin exigencia

La Comunitat Valenciana, hasta ahora, era la única autonomía donde coexisten dos lenguas oficiales que carecía de esta exigencia para poder prestar servicio en la Generalitat a la ciudadanía, tal y como justificaron desde el Botànic para impulsar esta reforma en la función pública. Ocurre así desde hace décadas incluso en territorios como pueden ser Cataluña, el País Vasco o las Islas Baleares.