El Sindicato Profesional de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana (Siprojefes) emitió ayer un comunicado mostrando su «estupor» y «perplejidad» por las recientes declaraciones de la delegada de Gobierno de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en las que afirmaba que el control de la venta ambulante ilegal es una competencia municipal y que, por tanto, corresponde a las policías locales esta vigilancia. Siprojefes critica el «grave desconocimiento» de Calero respecto al llamado top manta y solicita una reunión con el objeto de informarle de «la verdadera problemática» y manifestarle «la necesidad de implicar en la solución a todas la fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidas las estatales».

Este sindicato de jefes de policía, que no cuenta con representación en Castelló pero sí en otros municipios de la provincia, apunta que la delegada Calero «equipara la comisión de infracciones administrativas por la venta ambulante de productos legales en mercadillos o vías públicas careciendo de licencia municipal a la comisión de delitos tipificados en el código penal». Entre ellos cita delitos contra la propiedad industrial, la salud pública, tráfico ilegal de inmigrantes y otras conductas delictivas «estrechamente vinculadas» al top manta.

Siprofejes muestra su disconformidad con que la delegada de Gobierno «derive» la gestión del problema de los manteros a las policías locales «atribuyéndoles la responsabilidad exclusiva en la materia». Le reprochan un «grave desconocimiento de la realidad que se vive en las localidades turísticas», tras sus declaraciones sobre el apoyo puntual de la Guardia Civil en el marco de la Operación Verano 2021, porque las «respuestas agresivas de los vendedores se producen de forma súbita y grupal, sin tiempo para la reacción de otras fuerzas de seguridad, lo que hace que nuestros policías locales tengan que resolver en solitario situaciones altamente comprometidas arriesgando su integridad física».

Por todo ello, solicitan a la Delegación de Gobierno una reunión «con el objeto de informarle de la verdadera problemática», y manifestarle «la necesidad de implicar en la solución del problema a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidas las estatales».