Administración, universidades y mundo rural se emplazaron este lunes a trabajar de forma conjunta con vistas a resolver problemas que afectan a este entorno para fijar población. Unas dificultades que van desde la falta de vivienda, a las carencias en telecomunicaciones, la excesiva dependencia del vehículo particular, hasta cómo hacer rentables las actividades económicas para poder vivir dignamente o disfrutar de unos servicios públicos en condiciones. Es la conclusión extraída en la presentación de los resultados de una investigación financiada por el Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental (IVIFA) y realizada en colaboración con la Jaume I, Politècnica de València (UPV) y Universitat de València.

La pregunta a la que debían responder era ¿Cómo debe ser la ciencia que generan las universidades para ser eficaz para responder a las demandas que plantea el mundo rural? La respuesta obtenida es que hay que contar con los agentes rurales, lo que sirvió de autocrítica. Y es que parte de la investigación actual viene motivada por objetivos que no necesariamente coinciden con los agentes rurales y muchas veces estos no ven los impactos, o encuentran a las universidades poco accesibles para trasladarles sus demandas... En definitiva, «no es que vivan de espaldas al medio rural, sino lo que hacemos no está adecuadamente alineado con lo que este necesita», resumió Dionisio Ortiz, profesor de la UPV. También se apeló a actuar en la interacción entre los agentes del medio rural y las administraciones para que la realidad del mundo rural aparezca correctamente reflejada en las políticas.

«No se trata de que la universidad haga de correa de transmisión, sino de generar espacios triangulares y generar una agenda de investigación y mecanismos de gobernanza de la misma que respondan a as necesidades del mundo rural», señaló. En ese sentido, la vicerrectora de Investigación de la UPV Belén Picó señaló que la UPV tiene titulaciones relacionadas con la ingeniería agroalimentaria, forestal, así como investigaciones en este ámbito y otros como la ciencia, ingeniería, energía, comunicaciones e incluso inteligencia artificial, que «seguro tienen mucho que decir en el impulso del entorno rural en un futuro muy próximo» así como que despoblación, transición verde y energética son 3 aspectos que administración, actores rurales e investigadores pueden abordar conjuntamente.

El director general de Desarrollo Rural, David Torres, emplazó a ver de qué forma creamos esos espacios para que administración, universidades y mundo rural podamos trabajar conjuntamente al mismo nivel, sin tutelas y que sean espacios de debate, en el que todos puedan aportar. algo en lo que coincidió la directora territorial de Innovación, Begoña Bellés, quien apeló a que esas acciones deben perdurar en el tiempo.

Aunque más que soluciones se habló de modelos de investigación, los investigadores sí plantearon problemáticas concretas, como conseguir que las actividades económicas, agrarias, forestales y de pequeña industria del mundo rural, que muchas veces tienen que competir en desigualdad de condiciones puedan ser competitivas y generar rentabilidad o cómo hacer atractivos estos espacios.

También se emplazó a imaginar nuevas formas de prestación de servicios públicos que garanticen estos a los habitantes del mundo rural, rompiendo con las rigideces de las administraciones.

«Muchas veces las dificultades de volver a vivir en un pueblo están relacionadas con problemas de telecomunicaciones», emplazó la vicerrectora de la UPV,  quien apuntó que sería un aspecto muy interesante la investigación en este terreno. Dificultades para asentarse en el territorio por la falta de vivienda, de movilidad, con alta dependencia del automóvil en un contexto de subida de carburante y a las puertas de un proceso de electrificación son otros retos planteados.

Sobre el impacto del covid en el mundo rural, se expuso que se ha detectado cambios de domicilio durante la pandemia pero aún no saben si ha contribuido a fijar población al territorio, lo que sí se ha detectado es un aumento de la agricultura ecológica con picos de aumento de un 35% a raíz de la pandemia y que es una actividad que aporta rentabilidad al productor no por el precio sino porque hay menos intermediarios. Además, la participación de mujeres como operadores ecológicos ha aumentado seis puntos, del 24,8 al 31% y gente joven innovadora que quiere incorporarse a la actividad. "Un sector de cara a ayudar a a fijar población joven al entorno rural".