Los interinos de la administración presionan en Castellón para consolidar sus puestos de trabajo

El personal interino de las administraciones públicas se ha concentrado esta mañana frente a la Subdelegación del Gobierno en la plaza María Agustina de la Castellón, al igual que en València y Alicante, contra la temporalidad y para reclamar una "solución satisfactoria" a la Generalitat y el Gobierno de España ante la "precaria" situación en la que se encuentran "desde hace décadas".

Un grupo de trabajadores castellonenses ha secundado la convocatoria de Intersindical Valenciana, que rechaza de plano  para exigir "la consolidación del personal temporal e interino", censurar el "abuso de la temporalidad en las administraciones públicas" y pedir la retirada de la propuesta sobre temporalidad de la Mesa General de Negociación Estatal.

Norma conflictiva

El decreto ley aprobado por el Gobierno central para reducir la temporalidad también tendrá consecuencias directas para el sector público de la Generalitat, es decir, para todas las empresas, organismos, consorcios, entes y fundaciones que lo integran y donde, pese a los acuerdos alcanzados, los procesos para estabilizar la plantilla han sido testimoniales.

 Cerrada la vía de un proceso extraordinario que permita convertir al personal temporal en fijo mediante oposiciones especiales, como por ejemplo, un concurso de méritos, el sector público está abocado a acabar con la temporalidad por la vía de las ofertas de empleo público. 

De hecho, el proceso extraordinario para 2021 que prevé el acuerdo estatal podría ser la vía definitiva para reducir una temporalidad que afecta casi al 55 % de la plantilla, aunque, eso sí, empuja tarde o temprano a que los más de 9.685 (según el último informe de Intervención con datos de 2019) aprueben una oposición para retener su puesto.

La lectura positiva, al menos para la Generalitat, es que ayuda a desbloquear un proceso de renovación de las plantillas que lleva estancado desde hace años precisamente por los recelos de las propias entidades, que en muchos casos se han resistido a esa operación limpieza. Cabe recordar que el sector público posee una plantilla de cerca de 16.298 personas, de los cuales más de la mitad son trabajadoras o trabajadores temporales. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para reducir la temporalidad (y evitar sanciones de la Unión Europea) obliga a la Generalitat a tomar medidas también en el sector público.