En febrero del 2020, los agricultores de todo el país se echaban a la calle con sus tractores para pedir precios justos. En Castellón, decenas de productores denunciaban una situación insostenible para un sector que, según alegaba, se encontraba al borde de la ruina. El Gobierno recogió el guante y aprobó la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, una norma cuyo punto central es la prohibición de vender por debajo de los costes de producción, y que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. El documento podría aprobarse a final de este mismo año pero, pese a que la intención del Ministerio de Agricultura es buena, en la provincia la nueva normativa no contenta a nadie.
La Asociación Profesional de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex) rechaza de plano una normativa que entiende que penalizará todavía más a los pequeños citriculores (la inmensa mayoría en la provincia) que tienen costes más altos. «Les llevará a no poder vender su producción en situaciones frecuentes de crisis de precios», explica Enrique Ribes, secretario general de la entidad.
La ley deja muy claro que no va a ser posible colocar producto en el mercado a precio inferior al coste de producción. Y el problema, aseguran los exportadores, es que la medida solo afectará al agricultor español. «La norma beneficiará a nuestros competidores citrícolas de terceros países, como Sudáfrica, Egipto o Marruecos, a los que estamos concediendo una baza importante ya que no tienen ningún coste efectivo que respetar, gozan de unos costes y exigencias de seguridad inferiores y exportan a la UE sin aranceles», avisa el secretario de Asociex, que insiste en que supondrá una fuerte discriminación a las naranjas españolas. «En un mercado abierto no puedes poner precios mínimos y menos todavía solo para el productor español», defiende.
Mecanismos de control
Aunque a priori la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria nace para proteger al productor, el eslabón más débil de la cadena, a las organizaciones agrarias el texto tampoco les gusta. «No tenemos ninguna esperanza de que esta ley vaya a solucionar los problemas de los agricultores. Ojalá nos equivoquemos, pero hoy por hoy pensamos que va a servir de muy poco», asegura Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, quien insiste en la necesidad de que Agricultura o algún organismo público establezcan un coste efectivo de producción en cada cultivo y para cada eslabón que interviene en la cadena de valor.
La Unió teme también que el precio mínimo se acabe convirtiendo en máximo. «La Ley prohibirá vender por debajo el coste. El problema es que si el coste de producción de un kilo de clementinas se sitúa, por ejemplo, en 0,26 euros, esa cantidad podría acabar convirtiéndose en precio mínimo y máximo. Y nadie esté dispuesto a comprar por encima de esa cifra», añade Peris que también hecha en falta mecanismos para sancionar a las empresas incumplidoras.
Asociex, a través del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), se ha sumado a la petición del sector platanero (Asprocan) al solicitar también la excepcionalidad para los cítricos cuando entre en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria.
