Fue tan solo una reunión preparatoria de la cumbre bilateral que en septiembre mantendrán en Sevilla los presidentes de la Comunitat Valenciana y Andalucía, Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla, respectivamente, pero que ya permite vaticinar que se abre una vía para superar las dinámicas partidistas y lograr el consenso necesario para reformar el modelo de financiación.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, el consejero popular Juan Bravo, mantuvieron ayer una reunión de trabajo en la que pactaron las bases del acuerdo para reformar el modelo sobre dos premisas: el aumento de la suficiencia del conjunto de las autonomías y un reparto más equitativo de recursos. Son ejes estratégicos. El primero porque el objetivo es garantizar el dinero suficiente para que nadie salga perdiendo en la reforma y el segundo, para romper de forma definitiva con un status quo que ha situado a ambas comunidades en la cola de la financiación por habitante. Un maltrato financiero que se remonta al menos desde el 2002, con el conocido modelo Zaplana de financiación aprobado en la etapa de Aznar y que luego se modificó, sin mejorar la situación de la Comunitat, por el de Zapatero. El popular admitió que hay que superar el modelo del 2002, al que su jefe de filas Pablo Casado apeló en su participación en el congreso regional del PP.
