El Ayuntamiento de Castelló ha requerido al fondo buitre que posee el edificio del Raval Universitari donde los inquilinos denuncian acoso inmobiliario para que actúe por peligro de desprendimiento. La mala conservación de algunas zonas del bloque de viviendas era uno de los aspectos que señalaba el informe que detallaba el hostigamiento al que eran sometidos los inquilinos con el fin, según los afectados, de especular con el precio del alquiler.
Tras la publicación del documento, realizado a petición del Sindicato de Inquilinos, tanto la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento como los servicios territoriales de la Conselleria del ramo se reunieron con los vecinos para estudiar la situación. Posteriormente, el consistorio envió a un técnico a inspeccionar el edificio y el último paso, por ahora, es el requerimiento al fondo. Si éste no se hace responsable, será el Ayuntamiento quien costeará la reparación, cargando después el pago al propio fondo buitre.
Las administraciones siguen de cerca este caso, estudiando las posibilidades jurídicas en cuanto a sanciones y apertura de expedientes. En caso de realizar un expediente administrativo sancionador por incumplimiento en legislación en materia de vivienda, sería el primero que se abre en la Comunitat y el segundo en de toda España.
Antigua VPO
El edificio en cuestión se construyó en el año 2005 y perdió en 2015 la calificación VPO. Consta de 173 viviendas. El informe, que vio la luz el pasado mes de junio y que elaboran y firman un jurista y una arquitecta, asegura que «se han llevado a cabo actuaciones que se podrían considerar acoso inmobiliario», y que pueden «encontrar indicios sobre una motivación tendente a crear un estado de hostilidad que tenga la voluntad de forzar a los vecinos a abandonar sus viviendas o aceptar sin negociar los nuevos precios desorbitados» de alquiler.
Entre las prácticas del fondo buitre que indica el informe, asoman algunas como impedir las prórrogas contractuales automáticas a las cuales tiene derecho el arrendatario, incumplir el deber de conservación para que se deteriore el inmueble, abandonar el mantenimiento de los espacios comunes y amenazar, engañar y/o presionar al inquilino para forzarlo a abandonar la vivienda.
