La batalla por el futuro de la citricultura de Castellón no solo se libra en los despachos de Bruselas. A pie de campo, los agricultores asisten preocupados al golpe que asestará la plaga del cotonet en el periodo de recolección, y esperan que las diferentes administraciones tomen medidas. Algunas apenas tendrán efecto en la inminente nueva campaña citrícola, sino que ya se plantean para la temporada 2022/2023.
El sector se reunió el 16 de julio con la consellera Mireia Mollà para constatar el fracaso de las actuaciones desplegadas en los últimos meses y reclamar una serie de acciones que se resumen en dos bloques: la investigación y adopción de métodos que tengan bajo control a la cochinilla llegada desde Sudáfrica, y el pago de indemnizaciones en aquellas fincas en las que haya al menos un 20% de frutos dañados. Por el momento se está a la espera de tener una respuesta a los planteamientos de este encuentro, al tiempo que existe el interés de saber, por parte del Ministerio de Agricultura, si se piensa adoptar alguna medida.
La clave del problema tiene como origen el mes de abril del pasado año. Mientras la población asistía al inicio de la pandemia, los productos fitosanitarios con el metil clorpirifos como materia activa dejaban de contar con la autorización de su uso por parte de la Unión Europea. Las materias sustitutivas no tienen la misma efectividad y suponen un mayor coste. La hoja de ruta trazada por la Conselleria y el Ministerio fiaron todas las cartas a la lucha biológica, con la suelta de depredadores como el Anagyrus aberiae y el Cryptolaemus montrouzieri. Tanto las organizaciones agrarias como la clase política coinciden en señalar que este tipo de medidas serán efectivas dentro de unos años. Pero ahora apenas pueden hacer frente a la expansión de la plaga. Menos aún en la Plana, considerada como la zona cero de esta catástrofe agraria.
Inversión
Tanto la Unió como AVA piden más recursos para la creación de una red de insectarios públicos, y aportaciones económicas para generar insectarios privados. En materia burocrática, quieren que las autorizaciones para la producción de estos depredadores no se demore otra vez a febrero, sino que se adelante a septiembre.
Mientras tanto, el controvertido metil clorpirifos vuelve estar encima de la mesa. Colectivos agrarios de la provincia reclaman desde hace meses que haya autorizaciones excepcionales, tal y como ya se hizo recientemente en Italia. El Partido Popular recogió la petición y la elevó al Senado, sin que el ministro Luis Planas la atendiera. Algo parecido ocurrió en el último pleno de la Diputación. Tanto el equipo de gobierno como la oposición coincidieron en la necesidad de tomar medidas, pero no hubo consenso ante las diferencias a la hora de usar este fitosanitario. Las principales organizaciones agrarias lo solicitan en condiciones muy concretas.
