El Ministerio de Sanidad no contempla, de momento, regular el pasaporte covid para que pueda ser aplicado en la hostelería o el ocio, como están llevando a cabo algunas comunidades como Galicia y Canarias. Por tanto, la cartera de Carolina Darias mantiene una postura similar a la defendida por la Comunitat Valenciana, que considera que esta medida debe aprobarse solo cuando toda la población haya tenido la posibilidad de vacunarse.

A pesar del debate abierto sobre el uso del certificado covid para acceder al interior de algunos establecimientos, como ya están haciendo otros países como Francia o Grecia, la ministra aseguró ayer que no se trató este asunto en el seno de la Comisión Interterritorial del Sistema de Salud. De todos modos, sí recordó a las comunidades que no deben aplicar medidas que escapan de su competencia e insistió en que el único uso reconocido a nivel legal es el que hace referencia a la movilidad entre países que está aprobado por el Parlamento Europeo. 

En cuanto a si el Ministerio renuncia a legislar esta medida, Darias evitó pronunciarse y puso el foco en la necesidad de avanzar en el proceso de vacunación.

La postura de la Comunitat

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró ayer que, en la Comunitat, no se va a implantar el pasaporte covid europeo para acceder a locales hosteleros hasta que todas las personas hayan tenido acceso a la vacunación, lo que puede ocurrir al final del verano, porque supondría una discriminación y una falta de equidad. Además, indicó que este asunto debe contar con un apoyo legal suficiente, porque supone una limitación de derechos, y, por tanto, debe contar con un respaldo jurídico. De igual modo, Puig defendió que es importante garantizar un «ocio seguro» y para ello esta medida «puede ser útil» a medio plazo.

Actualmente, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) rechaza poner en marcha la aplicación del pasaporte covid para acceder a bares y restaurantes, como ya informó Mediterráneo, porque considera que es discriminatoria y les obligaría a hacer un papel policial. En cambio, las empresas relacionadas con eventos multitudinarios y conciertos sí la apoyarían