Se suele creer que su ámbito de acción se centra en el campo de la tecnología o industrias emergentes, pero en realidad la labor de los fondos de inversión puede alcanzar a cualquier actor económico. Incluido al sector primario. La citricultura de Castellón es pionera en este tipo de movimientos, y los expertos auguran que pronto habrá nuevas operaciones. Así queda de manifiesto en un estudio elaborado por la consultora Deloitte, que incide en el atractivo del sector hortofrutícola para los fondos de inversión privados, «atraídos por sus buenos resultados, su resiliencia y sus expectativas positivas para los próximos años». Dentro del ámbito agrario, pone el acento en los cítricos, que se posicionan «como el segmento con más intensidad de operaciones y acelera su consolidación».

Gerardo Yagüe, socio director de Deloitte en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, recordó que el primer movimiento «se dio con la entrada del fondo Miura en Martinavarro, para dar lugar a Cítrico Global». Desde el año 2016, cuando se produjo esta operación, ya son cinco las incorporaciones de fondos al accionariado de citrícolas. La más reciente, en enero, con el capital de MCH en una empresa de Xilxes, Llusar.

Para Yagüe, estas apuestas resultan «positivas, ya que las familias propietarias no se dedican a recoger el dinero de la venta y retirarse, sino que se mantienen al frente de la gestión al mismo tiempo que incorporan el músculo de un inversor financiero».

Rentabilidad

Tal y como detalla el documento de la consultora, las citrícolas tienen una elevada rentabilidad y un amplio margen de mejora. Es ahí donde entra la capacidad inversora de los fondos. «Pueden investigar en nuevas variedades que den mayor valor añadido, además de estrategias de innovación y desarrollo; de esta manera se generaría un clúster agroalimentario entre Castellón y Valencia muy potente y tecnificado», destaca Yagüe, quien añade que el actual modelo agroalimentario vigente en la Comunitat no dispone de capacidad suficiente para afrontar todos estos cambios.

Pese a estos planteamientos, hay recelo a estos movimientos, al romper con un modelo agrícola histórico basado en minifundios, las cooperativas y las familias que viven del campo. «Es uno de los grandes retos que deben afrontar las administraciones, para no dar por perdida la labor y el conocimiento de los agricultores», del mismo modo que defiende adecuar la legislación, para que cualquier producto que entre desde países terceros tenga las mismas condiciones que se exigen a los productores de nuestro país.