La pandemia ha dejado mal paradas las cuentas de empresas y autónomos, pero también de particulares de Castellón, con deudas que ahogan y que han llevado a presentar concursos de acreedores. Cada semana en la provincia se declaran en quiebra dos familias y ya suponen cuatro de cada diez concursos de acreedores en el arranque del 2021, en línea con el 2020. Paralelamente, el peso de las sociedades concursadas baja, pero es un espejismo, dado que continúa la prórroga de la moratoria que no lo hace obligado (en cierto porcentaje) y se espera una avalancha el próximo año.
La opinión de los expertos
La vicedecana del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat y titular del nº1 Mercantil de Castellón, Rosa Navarro, valoró: «Por las normativas a raíz del covid-19 se establecieron moratorias a la obligación de declararse en concurso de personas físicas y jurídicas; y se prorrogaron hasta el próximo 31 de diciembre. La incidencia de la pandemia en la economía castellonense no se podrá valorar como toca hasta mediados o finales del 2022. Muchos procesos de deudores se iniciarán a partir de enero y llevan su tiempo».
Los particulares endeudados suponían antes de la pandemia una cuarta parte y han pasado a ser casi la mitad, más del 45%. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este 2021 se registraron 32 personas no físicas concursadas (particulares) --de un total de 71--, siendo la cifra más alta de afectados en un arranque del año de los últimos cinco, desde el 2016. Otro dato relevante es que de ese total, las empresas en concurso (41 en Castellón hasta junio) ya casi superan a las de todo 2020 (46,) y eso que rige la moratoria y muchos negocios en situación difícil están posponiendo la decisión. De seguir este ritmo, se llegaría a cifras del 2019, de récord, con 90 concursos de acreedores en todo el año, frente a 53 en 2018, 25 en 2017 y 89 en 2016.
El 2020 da pistas de los sectores que peor lo están pasando en la provincia y que decidieron declararse en quiebra para liquidar bienes y fijar un plan de pagos para pasar página, y que fueron los siguientes: sobre todo, en el comercio (con 12 concursos de acreedores), industria (7), hostelería (6) y construcción (4), etc. Y es que el periodo de confinamiento y restricciones pasó factura a dueños de tiendas, bares y restaurantes.
En cifras, en el primer año de pandemia, 2020, de los 77 concursos de acreedores en Castellón ya se empezó a detectar la cuota de familias afectadas, 32, frente a 45 empresas (cinco autónomos y 40 sociedades). Antes del coronavirus, en el 2019, de 118, afectaban a particulares 31 y a empresas, 87 (6 autónomos y 81 sociedades).
Quienes se encuentran en esta difícil situación están también muy pendientes del efecto que pueda tener la directiva europea, cuya incorporación debe acometer a partir de esta segunda mitad del año el Gobierno, que ya prepara un borrador de anteproyecto de ley para aplicarlo en España.
La UE protege más la vivienda
Y es que la normativa en la UE protege más la vivienda habitual del emprendedor ante un posible embargo para liquidar deudas en un concurso. Va un poco más allá de la ley de segunda oportunidad, ahora vigente. Al respecto, Navarro explicó: «Se trata de la directiva europea del Parlamento y del Consejo sobre insolvencias 2019/2023 cuyo plazo de trasposición terminaba en junio de este año y, probablemente por eso, el Gobierno prepare un borrador. Esta directiva va a ser más beneficiosa para el emprendedor».
Un precedente judicial en Barcelona
¿Por qué? «Hoy en día se tiene que liquidar todo el patrimonio (incluida la vivienda habitual, aunque ha habido algún pronunciamiento del juzgado de la Audiencia de Barcelona que consideró que no se incluía si aún se estaba pagando la hipoteca). Si el patrimonio son 10 y deudas 20, se puede exonerar de 10 tras liquidar las otras 10», relató la registradora castellonense. Pero con la norma europea se puede exonerar «desde el momento que se presenta un plan de pagos, sin necesidad de liquidar todo el patrimonio». Otro punto es que, hasta ahora, en los procedimientos concursales no se exoneran los créditos públicos pendientes (deudas de Seguridad Social, Hacienda, IBI) y la directiva sí lo permite, «pero está el factor de que estos pagos públicos sostienen el Estado del Bienestar y las pensiones. Veremos», concluyó.
Sociedades mercantiles que se van 'a pique'
La disolución de empresas acelera a pasos agigantados en Castellón. Así lo resaltó la registradora del nº1 Mercantil de Castellón, Rosa Navarro: «En el primer semestre de este año en Castellón se han extinguido 251 sociedades mercantiles; cuando en todo el 2020 fueron 360 y en el 2016, hace cinco años, 390. «Según el promedio se podrían alcanzar este año en Castellón las 500 disoluciones (de empresas), lo que supondría un 40% más respecto al año pasado. Aquí no hay moratoria y la crisis por la pandemia se nota», incidió Navarro.
