Las instituciones sanitarias públicas de la provincia de Castellón (los departamentos de salud de Vinaròs, Castelló y La Plana, el Hospital Provincial, el Hospital de La Magdalena y los centros de salud pública de Benicarló y la capital Castelló), así como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, arremetieron ayer contra el juez del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón por imponer el tratamiento con ozono a un paciente ingresado en la UCI en el centro hospitalario de Vila-real en contra del criterio clínico profesional.
Para los responsables sanitarios «es una gravísima agresión al Sistema Nacional de Salud» que se obligue, en contra del criterio médico, «a admitir la intromisión de personas ajenas al mismo para realizar tratamientos que ni están incluidos en su cartera de servicios ni han acreditado su eficacia y seguridad». Tal y como recoge el comunicado remitido ayer por estas instituciones sanitarias, estos profesionales sanitarios expresan su firme determinación de no admitir en nuestros centros ningún tipo de pseudoterapia ni de tratamientos que no hayan demostrado su seguridad y eficacia en seres humanos o que no cuenten con la autorización de la Agencia Española del Medicamento».
Mensaje de confianza
Asimismo, también quieren transmitir «un mensaje de confianza a los ciudadanos de Castellón para que tengan la seguridad de que todos los pacientes tratados en los centros hospitalarios y de atención primaria de nuestra provincia son atendidos conforme a las guías de práctica clínica y protocolos basados en la mejor y más actual evidencia científica».
«También manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros del Hospital de La Plana que, por orden judicial y en contra de su criterio profesional, han de soportar que personas ajenas al Sistema Nacional de Salud administren a pacientes, que se encuentran bajo su responsabilidad, productos no autorizados para su uso como medicamento», continuaron desde estas administraciones sanitarias. Finalmente, las mismas fuentes hicieron un llamamiento a los profesionales de la sanidad pública, sociedades científicas, colegios profesionales sanitarios, universidades y usuarios para que se «movilicen en defensa de una sanidad pública de calidad, basada en la evidencia científica».
Los médicos
En el mismo sentido se pronunció el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos al considerar esta opción una «injerencia judicial en las decisiones clínicas que altera gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional».
Estas fuentes alertaron de que la iniciación de este tratamiento autorizado por el juez «puede contribuir a que se diluyan las responsabilidades y el paciente sufra las consecuencias en la calidad de la asistencia y su seguridad». Además, hay que recordar que el dictamen judicial contempla la incorporación de profesionales externos al hospital para la aplicación la terapia con ozono, «lo que genera una clara disfuncionalidad y un conflicto de seguimiento al paciente».
