El tratamiento de ozonoterapia a uno de los dos enfermos de covid-19 hospitalizados en España que reciben esta técnica por sendas decisiones judiciales, que ha suscitado gran rechazo entre médicos y responsables sanitarios, cesará este miércoles en Vila-real después de que el juez del caso decidiera el viernes pasado revocar su autorización.
El pasado 13 de agosto el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón autorizó la aplicación de ozono a un paciente de 49 años ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de La Plana, a petición de su familia, y el 27 de agosto dio marcha atrás en su decisión, tras estudiar las alegaciones.
La decisión del magistrado se hace efectiva este miércoles y llega después de que la Abogacía de la Generalitat valenciana presentara un recurso contrario a un tratamiento que debía prestarse por personal externo al centro ya que no forma parte de los protocolos ni de la cartera de servicios del sistema de salud.
El juez, que dio su autorización por encontrarse la vida del paciente "en peligro grave y no haber surtido efecto positivo los tratamientos dispensados", consideró después que la solicitud del paciente debía ceder ante "la negativa razonada de los médicos" que "lo que pretenden, precisamente, es salvaguardar la salud de éste y los demás pacientes, revistiendo al sistema público de salud de las necesarias garantías para su funcionamiento".
Por tanto, al paciente, que continúa ingresado en la UCI, le será retirada este miércoles la terapia con ozono, aunque el juez apelaba en su auto a la prudencia, para evitar "eventuales cambios súbitos en el tratamiento médico" y posibilitar que la familia, si lo considera oportuno, proceda al traslado del paciente a otro centro.
Otro caso en Cataluña
La decisión de este magistrado se conoció un día después de que, en un caso similar, una juez de Barcelona autorizase el mismo tratamiento al considerar "acreditada" la "concurrencia de circunstancias excepcionales de urgencias" porque la vida del paciente "corre peligro", y esgrimió que la terapia se aplica en hospitales de España y de otros países con "buenos resultados".
La Generalitat de Cataluña decidió imponer recurso ante la decisión de esta jueza, que aún no ha sido resuelto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
