El sector del transporte por carretera afronta la recta final del año con el lastre de la fuerte subida del precio del combustible, que amenaza con descabalgar a las empresas de Castellón de la senda de la recuperación poscovid.

«Los sectores industriales se van recuperando y con ellos el transporte», indica Lara San Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM). Este optimismo «moderado», basado en que «la logística y el transporte se mantienen como motores de empleo estival», se oscurece con «el duro golpe que cada incremento de precios del combustible supone para el sector». En el último año ha subido un 22% el precio del gasoil, un hándicap importante para el transporte, porque el repostaje supone el 26% del coste total para las empresas, algo que repercute directamente en la rentabilidad que sigue siendo, en palabras de San Miguel, «la asignatura pendiente» hasta ahora.

Tiempos

Además del precio del combustible, contribuyen otros factores. Algunos son coyunturales, como el precio del carburante, pero otros son estructurales y sigue sin encontrarse remedio. Entre ellos, «los largos tiempos de espera que se producen en algunas empresas del sector cerámico para cargar y descargar los vehículos de los transportistas», lamentan desde la ACTM. Admiten que «ha habido algunos cambios» tras las reuniones mantenidas en los últimos meses, pero «no han servido para mejorar la situación». En septiembre, apuntan, celebrarán nuevas citas con las empresas cerámicas para «seguir buscando soluciones a este grave problema».

El aumento de tiempos de espera origina perjuicios como pérdida de horas o el aumento de costes para el sector, añaden.

Otro de los problemas estructurales que denuncian los transportistas es «la morosidad en los pagos», algo que golpea directamente en la liquidez de las 1.160 empresas que operan actualmente en la provincia de Castellón. «Llevamos más de un año desde que se desconvocó el paro nacional para desarrollar un régimen sancionador a la morosidad en el transporte para penalizar los pagos por encima de 60 días», dicen, aún sin resultados positivos.

Preocupaciones 

Entre las preocupaciones del colectivo también asoman otras como «el pago por utilización de infraestructuras, la implantación de las 44T, el régimen actual del gasóleo profesional, el pago pendiente del céntimo sanitario y el fraude de las empresas buzón», que pueden «agravar la crisis del sector a corto plazo».

Estas demandas y quebraderos de cabeza de los transportistas castellonenses se reflejaron también en una reciente encuesta de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) para valorar el sector de cara al tramo final del 2021.

En este estudio, el colectivo daba una voz de alarma por el incremento exponencial del precio del combustible. De hecho, el 78,9% de los consultados piensa que va a provocar cierres de empresas en el sector. La FVET asegura que «la subida del precio del gasóleo pone en jaque la continuidad de nuestras empresas». Además de la morosidad ya mentada, que el 60% de los encuestados señalaba como uno de los principales lastres, asomaban la competencia desleal (56%), la elevada fiscalidad (40%) y la falta de chóferes (36%) como otras preocupaciones.

El impacto del covid no ha sido anecdótico. Más de la mitad de los encuestados reconocían haber reducido su actividad al menos un 25% durante el pasado ejercicio, cuando un porcentaje similar de empresas hubo de recurrir a los ERTE, un recurso ya prácticamente residual en el sector con la mejoría del presente año.