Más del 90% de las empresas de Castellón son pymes. Se trata de alrededor de 19.200 sociedades, la mayoría de tamaño pequeño, si no minúsculo, y son, además, un millar menos que antes de la pandemia del coronavirus que arrancó en marzo del 2020. A este dato se suma un gran colectivo de trabajadores por cuenta ajena, cerca de 42.000 autónomos (solo unos pocos son, además, empresarios con un número significativo de trabajadores a su cargo). Todos ellos ven desvanecerse ahora la expectativa de tener un apoyo real para remontar la crisis con unas ayudas del Estado, bien dotadas económicamente, pero a las que, en la práctica no pueden acceder por requisitos que tachan de ajenos a la realidad del tejido económico.
Este hecho, constatado por las organizaciones empresariales castellonenses, implica una vuelta de tuerca más en un contexto de deterioro de la situación que viene de atrás, que arrancó con la grave recesión iniciada en el 2008.
Cuando al menos una parte de los efectos devastadores de aquellos años comenzaba a remitir, llegó la pandemia y se llevó consigo el grueso de lo recuperado.
En estos momentos, en los que los emprendedores de la provincia comienzan a salir de las peores dificultades, pese a la caída de ingresos y la consiguiente recesión causada por el coronavirus, han entrado en juego ya, como ha publicado Mediterráneo, otros factores. Entre ellos, la escalada del precio de las materias primas, la energía eléctrica y los combustibles, en un contexto en el que los impuestos se mantienen o suben, al igual que los costes laborales. Las limitaciones por el covid en sectores como el turismo y el descenso del consumo son más elementos negativos a los que se suma ahora la imposibilidad de acceder a las ayudas estatales.
