Se aprobó en junio del 2020 y enseguida se convirtió en la medida estrella del Gobierno para rescatar a los hogares que más estaban sufriendo los estragos de la pandemia. Se trata del ingreso mínimo vital (IMV), un salvavidas de entre 462 y 1.015 euros al mes que hoy, casi quince meses después, tiene más sombras que luces. Porque más de un año después de que el Congreso de los Diputados sacara adelante sin ningún voto en contra la renta mínima, los resultados no son los esperados.
En España, el IMV apenas llega a 260.200 familias, unas cifras muy alejadas de las 850.000 que por aquellas fechas auguraba el Ejecutivo. Y en Castellón ocurre más de lo mismo: solo 3.406 hogares están cubiertos por la renta mínima y cada uno de ellos recibe una media de 432,67 euros, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
En esos algo más de 3.400 hogares de la provincia que ya reciben la renta mínima viven 9.109 personas, por lo que la cantidad media que recibe cada una asciende a 161 euros al mes. En Valencia, son 16.395 las familias beneficiarias, mientras que en Alicante la cifra asciende a casi 12.000.
Pero, ¿cuál es el perfil de las personas que cobran del ingreso mínimo vital en Castellón? La estadística del departamento que dirige José Luis Escrivá revela que las mujeres suponen casi siete de cada diez. De hecho, de los 3.406 titulares de la prestación en la provincia, 2.233 son mujeres frente a los 1.171 hombres.
Por edad
La media de edad de los perceptores de la prestación asciende en Castellón a 45 años. El grupo más numeroso (1.151 titulares) se encuentra formado por personas de entre 36 y 45 años, a los que siguen los que se encuentran en la horquilla que va de 46 a 55 años. Además, buena parte de los hogares que reciben la renta mínima no tienen hijos menores a su cargo (1.304 ), mientras que otros 1.178 sí los tienen y los 924 restantes son monoparentales.
En Castellón son casi 3.500 las familias que reciben el IMV pero se estima que solo se aprueban el 20% de las solicitudes. La mayoría de las denegaciones, según el Gobierno, se deben a no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta o patrimonio) o a la falta de acreditación de la unidad de convivencia.
