Poner el foco en el cliente y no en las prostitutas, la sensibilización entre los jóvenes y la reprobación social resultan claves para poder luchar contra el conocido como el oficio más antiguo del mundo. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una jornada para visibilizar una problemática que, como sucedió con otros ámbitos de la vida, el coronavirus dejó congelada, pero que ahora recobra su particular nueva normalidad. Y es que, a raíz del confinamiento con los clubes cerrados y la imposibilidad de ejercer en la calle, la actividad se desplazó a pisos clandestinos que operan como burdeles a través de foros y páginas web de contactos.
Ahora algunos prostíbulos, cerca de una docena en la provincia aproximadamente, ya han reabierto sus puertas haciendo malabares legislativos para no ser catalogados como tales operando con otro tipo de licencias de actividad. Y es que resulta arduo complicado poner cerco a esta actividad, como constata el hecho de que las sanciones sean anecdóticas.
«El negocio se ha normalizado, la actividad en la calle va en descenso y hay más prostitución en pisos, donde resulta más fácil estar oculto y eludir los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», explica la directora de Programas de la Fundación Salud y Comunidad, Belén Sánchez. Esta entidad, cuyo proyecto IMMA está sostenido con fondos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación provincial, se encarga a través de un equipo especializado de acudir directamente a las zonas de ejercicio de prostitución. Realizan tareas de apoyo, atención sanitaria y un proyecto de inserción laboral y formativo para el empleo, que está teniendo muy buenos resultados.
Talleres a adolescentes
En estos momentos, están iniciando unos talleres dirigidos a adolescentes, ya que pueden ser los futuros clientes. Se implementa en institutos de Castelló en colaboración con el Servicio de Igualdad de Oportunidades de Castellón y la Concejalía de Feminismo y LGTBI, que el pasado martes ya advirtió del consumo de la prostitución a una edad cada vez más temprana.
«Este es un fenómeno estructural que se da porque en la explotación del cuerpo de la mujer hay un negocio, basado en la demanda de sexo por dinero. El negocio no es para estas mujeres que son explotadas por terceras personas, o que en el mejor de los casos sobreviven con los escasos recursos obtenidos. Es para las mafias, redes familiares, clubes y proxenetas», explica Sánchez. «El negocio lo sostienen los denominados clientes o coloquialmente puteros, a ellos les tiene que llegar el mensaje de que detrás de la prostitución de mujeres y niñas hay violación, vejaciones, violencia, explotación, daños difícilmente reparables. Quien utiliza la prostitución se convierte en cómplice de esta explotación», remarca Sánchez.
Limbo legal
Además de la concienciación se requiere una mayor vigilancia policial, aunque en la mayoría de ocasiones los proxenetas emplean mecanismos de explotación difíciles de detectar. Hay un limbo legal y jurídico. La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron el año pasado a 44 víctimas de trata y explotación sexual en la Comunitat, según indicó ayer la delegada del Gobierno, Gloria Calero. Son cifras autonómicas, ya que hay un cierto vacío estadístico en cuanto a la actuación policial en la provincia a este respecto. Tanto desde el Ayuntamiento de Castelló como desde la Policía Nacional derivan a los datos del Ministerio del Interior.
