Castellón contará antes de que acabe el año con la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial atendiendo así a la reiterada reivindicación que permitirá paliar el atasco judicial, reducir los tiempos de respuesta y facilitar la especialización de los órganos judiciales de la provincia.
Así lo confirmó este viernes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, en el acto de apertura del año judicial 2021-2022, al que acudieron, entre otras autoridades, el presidente de Les Corts, Enric Morera; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; y la fiscal superior del tribunal valenciano, Teresa Gisbert.
De la Oliva avanzó que la nueva sección estará dedicada al orden Civil y destacó que su creación «tantas veces reclamada culminará la planta judicial de la Audiencia de Castellón».
Los esfuerzos
La presidenta del TSJCV hizo hincapié en este sentido en el «esfuerzo» dedicado a mantener la actividad durante el año de pandemia y combatir sus efectos sobre esta administración, con medidas como la creación del Juzgado de lo Social 5 en Castelló o el refuerzo del Juzgado Mercantil único, con lo que confían en que «a final de año la situación haya revertido sensiblemente». Y es que al arranque de año, la provincia registraba más de 28.000 casos pendientes, siendo uno de los territorios más congestionados en comparación a toda España.
«Nos encontramos ante un sistema agotado que procede del siglo XIX, para una realidad económica distinta, pues la sociedad actual tiene unas necesidades propias y el poder judicial tiene que ser una pieza fundamental, pues contribuye al desarrollo económico y dota de estabilidad a la sociedad», afirmó De la Oliva.
A nivel autonómico, sí que relucieron algunas cifras positivas, con la reducción del atasco en relación al 2019 en el ámbito Social y Contencioso-Administrativo.
Delitos de odio
Por su parte, la fiscal superior, Teresa Gisbert, quiso poner el foco en la violencia de género y los delitos de odio. Lamentó que el estado de alarma haya incidido negativamente en las víctimas, «sometidas a mayor presión y control por su pareja por el confinamiento» y, en cuanto a los delitos de odio, declaró que «todas las crisis se ceban sobre los más vulnerables y las víctimas de este tipo de delitos están entre ellos». «En este caso el papel del ministerio fiscal es importante en la defensa de las personas más vulnerables», sentenció.
Durante los discursos de inauguración del curso judicial también se pusieron sobre la mesa otras acciones como el acelerón en la digitalización motivado por la propia crisis del coronavirus, así como el uso de plataformas de videoconferencias que han permitido «la disminución de los tiempos de respuesta en los procedimientos que no exigen la celebración de vista», concluyó De la Oliva, quien asumió los deberes pendientes para este ejercicio.
