El magistrado burrianense Jacobo Pin, instructor de varias de las causas que han llevado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, y al exvicepresidente Francisco Martínez ante la justicia, ha obtenido una nueva plaza en Cuenca, donde desempeñará sus funciones en el Juzgado de lo Social 1 tras 12 años en la provincia. Según ha podido saber este periódico, Pin ha solicitado el cambio de destino en concurso, de forma voluntaria y su decisión podría obedecer a la elevada carga de trabajo de Castellón y a la necesidad de un cambio profesional.
El nuevo destino de Pin se hizo oficial en el Boletín Oficial del Estado del 2 de septiembre, atendiendo al Real Decreto 486/2021, de 29 de junio, por el que se destina a los magistrados por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El magistrado llegó, con menos de 30 años, en 2009, al Juzgado número 1 de Nules. Por allí habían pasado ya casi una decena de jueces que se toparon con la causa abierta contra el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en el conocido como caso Naranjax. Pin, siempre muy discreto, se hizo cargo del final de instrucción y sentó a Fabra en el banquillo de los acusados en un caso que lo llevaría a prisión por cuatro delitos fiscales. El magistrado llegó a denunciar entonces presiones.
No sería esa la única vez que Pin se toparía con Fabra en los tribunales y es que, precisamente, la próxima causa que llevará al expolítico del PP al banquillo de los acusados --la que investiga si ocultó su patrimonio para evitar pagar las multas derivadas del caso Naranjax-- también ha estado dirigida por el magistrado de Burriana. Pin, ya como responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón --su último destino-- levantó el secreto de sumario hace ahora un año y ordenó registrar el chalet de Fabra de Platgetes.
El juzgado abrió esta causa en el 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Anticorrupción pide ahora para Fabra doce años de cárcel. Según sostiene el escrito de acusación, Fabra urdió y utilizó una trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Amparo Fernández; dos de sus hijos --Borja y Claudia--, uno de sus yernos y terceras personas cercanas al expolítico, con sociedades pantalla.
Además, esta semana se ha conocido que la Audiencia Provincial ha revocado el procedimiento con jurado popular que Pin había concedido en el caso del exalcalde de Vall d’Alba y expresidente de la Diputación, Francisco Martínez. La causa está abierta contra Martínez -junto a su hija y varias mercantiles- por presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionario público, fraude administrativo y blanqueo de capitales.
