El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha acordado que personal técnico de esta institución visite siete centros de menores para conocer «de primera mano» su situación y las características de su funcionamiento, al entender que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «impide» concluir adecuadamente una investigación abierta sobre este extremo. Entre estos siete centros que están en el foco figura el que la Fundación Diagrama gestiona en Vinaròs que es de titularidad pública.
El pasado mes de enero el Síndic abrió una queja de oficio para supervisar el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, que habían sido objeto de su atención mediante quejas anteriores, iniciadas en el 2013 y el 2015, que concluyeron con resoluciones de la institución con recomendaciones de actuación dirigidas a la Conselleria de Oltra.
Tiempo después, el defensor del pueblo valenciano recibió como respuesta un informe de la Dirección General de Infancia y Adolescencia y, con vistas a recabar referencias «más detalladas» sobre el perfil y la situación de los menores atendidos, Luna envió un cuestionario específico a cada director de los centros. Ante la «generalizada falta de respuesta», Luna pidió en mayo a todos los destinatarios, por segunda vez, la contestación al cuestionario y les recordó la «obligación legal» de prestarle auxilio en sus investigaciones. No obstante, señala que «de forma sorprendente», a finales de mes recibieron un oficio de la Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales donde decían aportar la información solicitada y que habían recibido «directamente» de las residencias de menores.
"Intromisión"
El Síndic explica en su resolución que se trataba de un documento «sin firma alguna», pero con membrete de la Dirección General de Infancia y Adolescencia. El defensor del pueblo valenciano considera que, de esta remisión, «parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera, incompleta, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia para su posterior elaboración y envío a esta institución».
Tras esto, la Sindicatura expuso la «gravedad de la intromisión» cometida, y pidió una respuesta por parte de la Conselleria, que no se obtuvo. En junio se remitió «personalmente» a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, un escrito, poniendo en su conocimiento lo sucedido y esta le remitió una respuesta en la que «respaldaba» la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia.
