La propuesta de regular el precio del alquiler de viviendas en nuestro país ha sido motivo de discrepancias entre los socios del Gobierno central, pero el reciente acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos reactiva los preparativos de una ley que ya se había trabajaba en la Comunitat.
Así lo indicó ayer en Castelló el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, quien valoró de manera positiva una futura norma «que nos coge con los deberes hechos». Por parte de la Administración autonómica ya hay elaborado un listado que señala a unas áreas de elevada necesidad de vivienda (ANHA), que incluye a 83 localidades de la Comunitat, y de las que siete corresponden a Castellón.
Se trata de Burriana, la Vall d’Uixó, Castelló, Benicarló, Nules, Vinaròs y Vila-real. Para elaborar esta lista se han tenido en cuenta diferentes criterios, como un crecimiento del precio de los alquileres notablemente por encima del IPC provincial, así como la escasa oferta de viviendas en alquiler.
Illueca remarcó que el propósito marcado con estas actuaciones es «limitar el precio de la vivienda, aumentar el parque público de alquiler y evitar domicilios vacíos», para añadir que con estas herramientas «los poderes públicos de la Comunitat actuarán» para resolver la falta de acceso a una vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Pese a estas valoraciones, comentó que la normativa «no está aún hecha y hay que estudiar las posibilidades cuando el acuerdo político se concrete.
En su visita a Castelló, el conseller destacó uno de los principales objetivos de su departamento para el tiempo que queda de legislatura autonómica. Comentó que va a ser muy importante "la introducción de criterios de innovación ecológica y economía circular en el sector de la edificación", un sector de la economía que considera "clave" y que por ello, va a contar con el apoyo de las administraciones públicas.
Críticas
La iniciativa del Gobierno sobre alquileres no cuenta con el favor de la patronal. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, criticó que el anteproyecto «no deja de ser una intromisión de la Administración en una cuestión privada», y tachó la medida como «populista». Navarro se mostró preocupado ante la futura norma y destacó que se mantendrán encuentros con los sectores afectados para analizar con detenimiento el texto. «Antes de crear inseguridad jurídica hubiera estado bueno que se sentara con los sectores y optar por una postura intermedia», concluyó.
