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1.235 personas en lista de espera

Las solicitudes de dependencia se disparan en Castellón tras el descenso de la pandemia

Las familias reclaman a la Conselleria plazas en residencias y centros públicos más allá de las ayudas económicas

De los más de 40 geriátricos de la provincia de Castellón solo dos dependen 100% de la Conselleria.

La provincia de Castellón ha registrado en un solo mes 499 solicitudes nuevas de dependencia o, lo que es lo mismo, casi 17 cada día. Sin duda, se trata de una elevada cifra, teniendo en cuenta que hacia dos años que no había tal aluvión de peticiones en las comarcas castellonenses durante un solo mes. Este incremento exponencial puede deberse, entre otros motivos, a una mayor normalización a raíz del descenso en la incidencia del coronavirus que lleva a las familias a solicitar dicha prestación económica o servicio. Esto supone que, en septiembre, se formalizaron el doble de solicitudes que expedientes se resolvieron.

Actualmente, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a fecha de 1 de octubre, hay en Castellón dentro del sistema de dependencia 13.457 personas, mientras que 1.235 están en lista de espera a expensas de la resolución sobre la ayuda a percibir de acuerdo a la valoración que realizan los técnicos de Servicios Sociales. Esta cifra de personas afectadas por la demora es una de las más bajas de todo el histórico. Solo en agosto de este año el registro fue inferior.

El hecho de que la lista de espera se haya ido reduciendo, teniendo en cuenta que, en el 2015, superaba las 5.000 personas en la provincia, responde a la agilización en el número de valoraciones gracias a los equipos de los Servicios Sociales municipales, a quienes el departamento de Mónica Oltra derivó estas competencias.

La Conselleria reconoce que los avances en la resolución de expedientes son «resultado de los cambios introducidos durante la pasada legislatura en la gestión del sistema de atención a la dependencia» en clara referencia a la transferencia de competencias a los trabajadores sociales municipales. En materia de personal, en los últimos años, «no solo se han reforzado los servicios de dependencia de la Conselleria con nuevos funcionarios, sino también los servicios municipales con un importante incremento presupuestario para crear una red profesional que permita a los ayuntamientos asumir la valoración y tramitación de expedientes».

Reclamación de las familias

De todos modos, aunque la tramitación en el sistema ha mejorado, las familias insisten en que, en ocasiones, los plazos siguen demorándose más de lo necesario, especialmente, cuando se trata de una revisión de la valoración, ahora el foco de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castellón se centra en reclamar al Consell una red pública de residencias y centros de día que garantice que la persona que requiere un servicio asistencial lo percibe y, en estos casos, no se priorice la ayuda prestación económica. Y es que el grueso de las ayudas concedidas son económicas dado el déficit de plazas para atender a este colectivo.

«Ahora no suelen haber las grandes demoras que había antes, pero el problema es la falta de plazas públicas en centros de día y residencias, donde no se avanza, a pesar de haber una gran necesidad», explica Ana Borrás de la Plataforma de la Dependencia de Castellón. «Nuestra reivindicación ahora está enfocada ahí porque faltan recursos», señala.

Un sistema de sostén privado

El principal problema al que se enfrenta el sistema de bienestar social destinado a personas mayores y con algún tipo de discapacidad es el del déficit de una red pública de centros asistenciales. Esta carencia estructural se intenta remediar, por parte del Consell, a través de la concertación y el anuncio de un plan para construir este tipo de instalaciones 100% públicas, pero la tramitación es lenta y la urgencia apremia. Por ello, como ya informó ‘Mediterráneo’, la cartera de Oltra licitará 886 plazas en residencias de Castellón antes de final de año, la mayoría de ellas ya creadas, y se pondrá el foco en los criterios de adjudicación para que aumente la ratio de trabajadores por residente.

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