Un periplo judicial iniciado en Vigo podría poner fin en menos de dos meses al régimen especial por el que cotizan las 3.600 empleadas del hogar de Castellón, un sistema aprobado en 2011 y que no contempla protección alguna de desempleo para el colectivo. Y lo hace basándose precisamente en el perfil de trabajadores que lo integran: mujeres en el 95% de los casos y, mayoritariamente, de nacionalidad extranjera.
El procedimiento ha llegado hasta los Tribunales Europeos, cuyo primer informe de mano del Abogado General de la UE vislumbra una discriminación indirecta por razones de sexo y no justificada por objetivos legítimos. Ahora, y en base a este informe que no es vinculante pero supone un precursor fiable, los magistrados europeos tendrán que pronunciarse en sentencia sobre si la legislación española (concretamente el artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social) contraviene el principio comunitario de no discriminación en materia de Seguridad Social, suponiendo una «desventaja particular» para las empleadas del hogar con respecto a otros sectores económicos.
Y ¿qué significa esto? Para los expertos la sentencia, en caso de ser favorable, generaría jurispridencia, lo que abriría la puerta a que cerca de 4.000 empleadas de hogar en Castellón y más de 500.000 en todo el país puedan cotizar por desempleo y, por lo tanto, tengan derecho a cobrar el paro si son despedidas o pierden su trabajo.
El de las trabajadoras del hogar es uno de los sectores con más precariedad laboral y la pandemia no ha hecho más que agravar esta situación. Muchas han sido despedidas y las que trabajan lo hacen a cambio de sueldos muy bajos. En teoría, las profesionales a jornada completa deben percibir el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque en la práctica son frecuentes los sueldos de 500 ó 600 euros.
Salarios bajos y mucho empleo sumergido. La Plataforma por la igualdad de las personas trabajadoras del hogar de Castellón estima que el sector ocupa a 5.000 personas, es decir, unas 1.400 trabajan en negro. «Hay una parte del trabajo que no es regular, ya sea porque el empleador no quiere hacer un contrato o porque la empleada está en situación irregular», dicen los sindicatos.
