Tal y como contamos en 'Mediterráneo', un matrimonio de Castellón ha puesto fin a una angustiosa situación. Gracias a la ayuda de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, el Juzgado de Primera Instancia número 5 han concedido la liberación total de sus deudas que ascendían a casi 180.000 euros y suponía un desembolso de más del 70% de sus ingresos cada mes.
La llamada Ley de la Segunda Oportunidad ha sido la clave para que esta pareja pueda empezar de nuevo sin la amenaza constante de los acreedores, incluido el banco que alertaba del riesgo real de que pudieran perder su vivienda. ¿Sabes en qué consiste esta ley? Aquí te la desgranamos con la colaboración de conceptosjuridicos.com.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Los mecanismos de esta ley pretenden salvar la mala situación de quienes no puede hacer frente a sus deudas, además de tratar también de garantizar en la medida de lo posible el cobro de los acreedores. De modo que cumple una doble función, social y de efectividad del cobro.
La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal dirigido a particulares y autónomos sobrepasados por su situación de endeudamiento y que por circunstancias ajenas a su voluntad son incapaces de hacer frente a su pago.
Se encuentra regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, y entró en vigor el 30 de julio de 2015.
Aunque las personas físicas ya podían acudir al procedimiento concursal, la ley de segunda oportunidad es un mecanismo a su medida. Por tanto, se configura como la herramienta idónea para atravesar una situación de crisis, siempre que el deudor cuente con un buen historial crediticio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
[...] Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.
[...] Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética a este respecto debe cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace.
¿Quién puede acogerse?
La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden recurrir las personas físicas, tanto particulares como autónomos, que no puedan pagar las deudas contraídas.
En el caso de los particulares, la principal diferencia para acogerse es que el procedimiento debe iniciarse ante un notario. En el caso de autónomos este se iniciará en el Registro Mercantil o en la Cámara de Comercio correspondiente.
¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
Para recurrir a este mecanismo el deudor debe cumplir y probar ante el juez una serie de requisitos para a probar que se trata de un deudor que ha actuado de buena fe:
- Que el concurso no es culpable. Es decir, que la situación de insolvencia no se ha producido mediando dolo o culpa grave.
- Que no ha mentido sobre la situación de insolvencia y no ha ocultado documentación relevante.
- Que no ha sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los 10 años anteriores.
- Que ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
- Que no se han exonerado otras deudas por vía judicial en los últimos 10 años.
- Que no ha rechazado una oferta de trabajo acorde a su capacidad profesional en los 4 años anteriores.
- Que acepta ser incluido en el Registro Público Concursal.
Además, las personas cuya deuda supere los cinco millones de euros no podrán ampararse en la Ley de Segunda Oportunidad.
Las medidas introducidas por la Ley de Segunda Oportunidad
La ley de segunda oportunidad se basa en dos instituciones principalmente: el acuerdo extrajudicial de pagos y el beneficio de exoneración.
El acuerdo extrajudicial de pago en la Ley de la Segunda Oportunidad
El acuerdo extrajudicial de pagos se trata de un intento de renegociación de la deuda con los acreedores buscando un acuerdo entre las partes que permita al deudor hacer frente a la mayor cantidad que le sea posible de la deuda. Dichos acuerdos extrajudiciales estarán tutelados por un juez.
Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
En caso de que los acuerdos extrajudiciales de pagos fracasen, entraría en juego el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), mecanismo por el que el deudor podrá librarse judicialmente de toda o parte de la deuda. El juez decide qué porcentaje de la deuda será exonerado y qué porcentaje permanecerá.
Por su parte, los acreedores pueden solicitar la revocación de este beneficio cuando:
- El deudor incurre en circunstancias que hubieran excluido la aplicación de este beneficio.
- El deudor incumple los compromisos del plan de pagos.
- El deudor mejora su situación económica de modo que pudiera hacer frente a sus deudas.
- Se descubre la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor que habían sido ocultados.
¿Cómo funciona el proceso?
El deudor tendrá que invertir todo su patrimonio, si lo tuviera, en pagar sus deudas. Una vez liquidado el patrimonio podrá presentar un acuerdo extrajudicial de pagos. En este se introducirán quitas y esperas para conformar un plan de pagos de la deuda restante realista.
¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?
La duración variará significativamente en función de cada caso , pero como regla general podemos hablar desde unos pocos meses en los casos más sencillos a más de un año en casos más complejos en municipios con juzgados más saturados.
Mientras dura el procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni tampoco embargar sus bienes.
