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Caso Castor

Los directivos de Escal defienden la seguridad del proyecto Castor

La Ciudad de la Justicia de Castelló acoge la primera sesión del juicio

Los acusados del caso Castor, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, junto a sus abogados.

Los acusados del caso Castor, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, junto a sus abogados. David García

La Ciudad de la Justicia de Castelló ha albergado la primera de las once sesiones previstas del llamado caso Castor, que determinará la responsabilidad de los acusados -dos directivos de Escal UGS- en los seísmos causados supuestamente por la inyección de gas en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs.

Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, ha sido el primero en declarar. En su intervención ha defendido la seguridad del proyecto, ha explicado los informes recabados y las auditorías internas y externas superadas y ha subrayado que la zona donde estaba la plataforma "es la de menor riesgo sísmico de toda la costa" según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). "Todas las pruebas de fracturación que hicimos fueron sumamente positivas". También ha desvinculado los seísmos registrados inicialmente en septiembre de 2013 de la actividad de Castor. "Nadie sintió seísmos cuando estábamos inyectando (gas)", ha dicho, "sino 15 días después". Las inyecciones se realizaron "una en junio, otra en agosto y una más continua en septiembre".

Del Potro ha detallado que "en el almacén habíamos metido el 7% de la capacidad total y el 20% del gas colchón", por lo que "faltaban muchos meses para poder extraer" el gas. "Durante la inyección nadie sintió ningún temblor", ha remarcado, antes de apuntar que el IGN "en absoluto alteró la peligrosidad" de la zona después del Castor, aludiendo a informes de antes (2012) y después (2015) de los hechos de 2013, que mantenían la calificación. "Con la inyección nunca se puede aumentar la magnitud de un movimiento sísmico, la magnitud es la que da la naturaleza", ha finalizado.

En términos similares se ha expresado José Luis Martínez Dalmau, el segundo en declarar, quien fuera consejero delegado de Escal UGS. "Desde el principio se hizo un análisis de todos los riesgos por parte de los mayores especialistas", ha comentado. "El proyecto Castor fue auditado previamente, primero dos veces por lo tuvimos que financiar dos veces, en 2010 y 2013, en los dos casos con auditorías tremendamente exhaustivas por parte de la banca. Luego una auditoría externa contratada por Escal, y otra encargada por el Ministerio. Además, antes de la puesta en marcha hubo otra auditoría de riesgo de absolutamente todo, realizada por una empresa americana, que nos costó 100 millones de dólares", ha detallado.

Además, Dalmau ha recordado que el Observatorio del Ebro, una vez reducido el caudal de la inyección, autorizó que siguieran las mismas, y que se hicieron de un modo "conservador", lejos de los límites que marcaban los estudios. En cuanto a los seísmos que se registraron ha indicado que "las intensidades que se percibieron dieron un máximo de 3, cuando el grado en el que se indica que aparecen grietas es de 6, muy lejos".

Tanto el presidente como el consejero delegado han comentado que no dirigían ni supervisaban las operaciones de puesta en marcha del almacén Castor ni la actividad de inyección, a cargo de personal especializado y han negado que los informes previos pusieran sobre aviso de riesgos o incertidumbres geológicas, tampoco en la falla Amposta, que fue particularmente estudiada.

Otras declaraciones

En la sesión inaugural también han declarado varios testigos. En concreto, cuatro antiguos miembros del consejo de administración de Escal. El más significativo ha sido Juan Cristóbal González, que además era directivo financiero de la parte industrial, quien ha asegurado que en "mi experiencia de 500 proyectos financieros no he conocido uno en el que se revisara todo con más minuciosidad", y ha repasado también las diferentes auditorías superadas por el proyecto Castor.

Por último, ha declarado David Altadill, que en el momento de los hechos juzgados era el director en funciones del Observatorio del Ebro. Altadill ha apuntado que conocía el convenio que regía la relación entre las partes y ha sido preguntado por un correo enviado por la encargada de la monotorización, donde proponía rebajar los niveles o parar con las inyecciones. "Esa semana (septiembre de 2013) hubo un aumento del número de seísmos y así se comunicó, tal y como estaba acordado", ha afirmado.

Nueva sesión

La siguiente sesión se celebrará este martes, con la declaración de nuevos testigos. En total, y a expensas de los cambios finales, se esperan 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos. La acusación popular pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico". Además, 123 afectados reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por los daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron.

El proyecto Mediterráneo

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