La tercera sesión del juicio del caso Castor, que se desarrolla hasta el 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón, se ha centrado este miércoles en las declaraciones de los vecinos de la zona que reclaman indemnizaciones por los daños causados, presuntamente, por los seísmos de septiembre de 2013.
El relato de los afectados --varios de Vinaròs, uno de Sant Mateu, otro de Alcossebre y varios de municipios del sur de Tarragona- coincidía en apuntar que, días después de los temblores, aparecieron en sus viviendas grietas en paredes, techos o suelos. Al reclamar a la entidad aseguradora, ésta negaba el pago de la reparación al indicar que los seísmos no fueron lo suficientemente grandes para causar daños, según el Instituto Geográfico Nacional. Por ello, reclamaron al consorcio y, finalmente, por la vía judicial.
Algunos de los afectados residían en las viviendas cuando se produjeron los temblores, y destacaron en especial uno de madrugada. Otros, en cambio, son vecinos de otras localidades que se encontraron desperfectos tiempo después, al acudir a su segunda residencia desde otros puntos de España.
Tras la primera semana de declaraciones, la cuarta sesión se celebrará el lunes 25, en el marco del juicio contra dos directivos de la empresa adjudicataria del proyecto del almacén de gas Castor, Escal UGS, acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, junto a la propia mercantil.
El juicio
El juicio trata de esclarecer la responsabilidad de los dos acusados en los más de 500 movimientos sísmicos que se produjeron frente a las costas de Vinaròs en septiembre de 2013 como consecuencia de la inyección de gas en el subsuelo marino dentro de la actividad del proyecto Castor. El Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión para cada uno de los acusados, el expresidente de Escal UGS y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, por considerarles culpables de un presunto delito contra el medioambiente.
Los testigos de esta tercera sesión no están agrupados en la asociación de afectados Aplaca, que está personada en la causa como acusación particular, y los cuales declararán en posteriores sesiones del juicio. Aplaca reúne a 123 afectados que reclaman una indemnización total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado.
La acusación popular, ejercida en fase de instrucción por la Asociación Arca Ibérica, se retiró del proceso antes del inicio del juicio.
