El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconoce el derecho al PP a obtener de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública documentación sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 a las personas a las que se les había administrado de forma irregular la primera.

Así lo establece en una sentencia de la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 13 de octubre, y que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el diputado del Grupo Popular de Les Corts Valencianes José Juan Zaplana contra una resolución del 20 de abril de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la petición de información sobre el expediente.

Zaplana solicitó que le fuera trasladada una copia de todos los informes que tenga la Conselleria sobre la administración o no de la segunda dosis a las personas a las que se les ha administrado irregularmente. El presidente de Les Corts trasladó la petición a la Generalitat y Sanitat adujo la negativa a facilitar la información a una serie de consideraciones jurídicas y al carácter «íntimo» de los datos en base al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y la ley Orgánica de Protección de Datos.

El diputado popular recurrió al considerar que los datos solicitados «no son relativos a la salud de las personas, sino al procedimiento de vacunación seguido por la Administración y en qué medida se habría facilitado la vacunación ilegal de personas de responsabilidad pública». El Ministerio Fiscal suscribió la estimación de la demanda sobre la vulneración del derecho.

La sentencia recoge que asiste la razón a la Generalitat en su alegato de que «cabe la denegación de acceso a la documentación interesada por un parlamentario cuando existan razones fundadas que así lo justifiquen, pues no se trata de un derecho sin límites».

Tras conocer la decisión judicial, Zaplana ha dicho que los tribunales «condenan la actitud del gobierno de Puig al esconder su pésima gestión de la pandemia y al intentar camuflar las pifias de su consellera de Sanidad» y ha criticado la «opacidad» del departamento que encabeza Ana Barceló.

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la Administración autonómica «cumplirá» la sentencia del TSJCV. «Si así lo ha dicho la justicia, es bueno saber exactamente quiénes son las personas que en un momento dado no cumplieron los protocolos que correspondían», ha afirmado. También la portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez, se ha pronunciado sobre el asunto: «La respuesta de la Conselleria a la petición de información se ajustó estrictamente a la normativa vigente de protección de datos». Además, ha lamentado que los populares «inviertan toda su energía en crispar y enfrentar a la sociedad valenciana».

En Castellón: el exfiscal jefe y los alcaldes de Benlloc y Villahermosa

La provincia de Castellón no estuvo exenta de polémicas por el tema de la vacunación irregular frente al coronavirus. El caso más destacado fue el del exfiscal jefe, José Luis Cuesta, quien dimitió a principios de año «por razones personales» después de que se hiciera público que había recibido la primera dosis de la vacuna en un ambulatorio de la capital de la Plana donde su mujer trabajaba como enfermera. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que aceptaba su renuncia y lo relacionaba directamente con la presunta vacunación irregular. Cuesta nunca se pronunció al respecto. Los alcaldes de Villahermosa del Río, Luis Rubio (PP), y de Benlloc, Àngel Ribes (PSPV-PSOE) también recibieron la dosis cuando, por grupo de edad, no les correspondía. Respecto a todos ellos el Departament de Salut de Castelló y la Dirección General de Recursos Humanos anunció estar recabando información para esclarecer los hechos que concurrieron en las vacunaciones.