Susto colosal para los ayuntamientos de Castellón en forma de nota informativa del Tribunal Constitucional, que ha anunciado la derogación de tres artículos que suponen, a efectos prácticos, el fin del cobro del conocido como impuesto de plusvalía. Los presupuestos del año 2022 se pueden ver seriamente afectados por una merma de ingresos que alcanzaría un total de 15 millones en los consistorios de la provincia y 150 en el caso de toda la Comunitat.
La supresión de este gravamen supone un descalabro para las cuentas municipales justo cuando quedan semanas para presentar las cuentas para el próximo año. Se trata de dinero que se dejará de percibir en el apartado de ingresos y que afectará, especialmente, a municipios con mucha transacción de vivienda y que tenían en este tributo una de sus principales vías de financiación.
Por municipios
Solo en la capital de la Plana supondrá una pérdida de más de cinco millones de euros. En el caso de Benicàssim serán 4,3, mientras que en Burriana supondrá un millón menos (Informa Isabel Calpe) y en Vila-real, 900.000 euros. En localidades como Vinaròs se dejarán de percibir 700.000 euros, en Peñíscola se perderán 300.000, en Almenara serán 100.000 y en Moncofa el montante ascenderá a 150.000 euros (Informa Miguel Ángel Sánchez).
Los alcaldes de la provincia ya han comenzado a mostrar su preocupación por este cambio. Samuel Falomir, primer edil de l’Alcora, afirma que la merma de los ingresos «será abismal si no se aprueba alguna subvención y ya es momento que el gobierno central se empiece a plantear la reforma del funcionamiento que necesitan los ayuntamientos porque somos las administraciones que más servicios prestamos a la ciudadanía y somos los que más marginados estamos», sostiene el alcalde. Informa Javier Nomdedéu.
El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, asegura que la plusvalía «es una de las principales fuentes de ingresos de nuestro municipio y habrá que ver qué es exactamente lo que dice la sentencia y qué medidas adoptará el Gobierno para compensar a los ayuntamientos por una disminución de ingresos que sería un golpe duro», afirma. Informa Javier Flores.
Misma reacción en la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, quien quiere esperar a conocer la sentencia en su totalidad. «Puede suponer un perjuicio económico de un millón de euros y tenemos que ver de qué modo se articula», valora. Informa Mónica Mira.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha reclamado al Gobierno que dé «certidumbre» a los ayuntamientos, bien a partir de una reforma legal o de una compensación que palíe la merma si la reforma no llega a tiempo. Asimismo, los secretarios, tesoreros e interventores admiten que la decisión del Constitucional ya tiene «efectos prácticos». Hablan de la paralización de las liquidaciones pendientes de este impuesto y de la dificultad para elaborar los presupuestos para el 2022.
Además, podría abrirse también otro frente si la sentencia abre la puerta a reclamar las liquidaciones pasadas.
La UCE
El presidente de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, analiza las dos caras de la decisión judicial respecto a la plusvalía. «Supone un menor coste impositivo y, desde esa perspectiva, beneficia al consumidor en un momento de incremento del coste de la vida y de los precios», dice Insa, quien por esa parte señala que la medida «siempre es bienvenida».
La otra cara de la moneda, señala, es que la supresión de dicho gravamen supone también una reducción de los ingresos de los ayuntamientos, «lo que puede implicar menos servicios al ciudadano».
«Evidentemente, el sistema que se estaba aplicando no era objetivo y ha sido motivo de infinidad de recursos a lo largo de los años hasta que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón», destaca el representante de la UCE. Insa entiende la medida como algo «positivo» en términos generales, aunque cree que, previsiblemente, «se sustituirá por otro impuesto». «Falta ver en qué parámetros se basa esa nueva figura», asevera.
