La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, participó ayer, como vocal de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en una reunión telemática para abordar la supresión del impuesto de la plusvalía y solicitó al Gobierno de España una solución para paliar la merma de ingresos que supondrá para las arcas municipales.
La munícipe afirmó que aún no se sabe el grado de afectación que tendrá la medida en todos y cada uno de los ayuntamientos. Sin embargo, en la reunión se dio luz verde ya a una declaración de todos los consistorios para instar al Gobierno de España a buscar una solución a este cambio.
«Estamos preocupados por esta situación, pues si no se busca una fórmula sustitutiva, habrá que ajustar el presupuesto e intentar no incrementar impuestos», dijo Marco tras la reunión.
Y es que, como ya publicara ayer este diario, el Tribunal Constitucional, en una decisión que se conoció este martes, anuló el tributo al considerar anticonstitucional el método de cálculo de la base imponible (la cuantía sobre la que se aplica el gravamen), anulando de facto el impuesto y la posibilidad de cobrarlo tal y como está formulado ahora.
Los consistorios de la provincia podrían dejar de ingresar hasta 15 millones de euros con este cambio --serían unos 150 en la Comunitat--. En la capital de la Plana, como indicó la propia alcaldesa, el municipio dejaría de contar con cinco millones de euros. Esa cuantía sería de 4,3 en el caso de Benicàssim, uno en la Vall d’Uixó, 900.000 euros en Vila-real o 700.000 en Vinaròs.
La supresión de este gravamen tiene una lectura positiva para la ciudadanía, que dejará de abonar este tipo impositivo, como destaca la Unión de Consumidores. Sin embargo, al dejar de ingresar los ayuntamientos ese dinero, deberán ajustar los presupuestos, ofreciendo menos servicios, o bien incluir algún otro impuesto similar.
Los interventores avisan de que puede producirse un aluvión de reclamaciones, pero, según el borrador de la sentencia, solo podrán recurrir quienes ya tuvieran un trámite de este tipo abierto --no así las liquidaciones que no estuvieran ya impugnadas--.
Recaudación ya trabaja en cómo paliar los efectos
El concejal de Hacienda, David Donate, remarcó ayer que esperan conocer pronto y en profundidad la sentencia y que «en el área de Recaudación ya se está al tanto de ello».
Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Vicente Vidal, aconsejó al Ayuntamiento de Castelló «prudencia» y, sobre todo, «que no admita las autoliquidaciones que puedan solicitar los vecinos hasta tener clara la sentencia».
Esta cuestión ha sido durante años motivo de infinidad de recursos y, finalmente, el Constitucional ha dado la razón. Para el presidente de la UCE de Castellón, Juan Carlos Insa, el sistema que se estaba aplicando «no era objetivo».
