La Audiencia Provincial de Castellón ha albergado este martes la séptima de las once sesiones previstas en el juicio del llamado caso Castor, con la declaración de cuatro testigos peritos. Dos de ellos, de la empresa Geostock, remarcaron que todos los planes de inyección llevados a cabo en el almacén de gas eran «seguros». De hecho, la presión máxima de la inyección fue de 7 bares, cuando el informe del Instituto Francés del Petróleo planteaba una presión máxima siete veces mayor, de hasta 49, muy lejos de la empleada. Por ello, cuando en 2013 se produjeron los seísmos, estaban «muy tranquilos» con las presiones que trabajaban.
Así lo explicaron Francesco Corallo y Cristophe Huber, ingenieros de Geostock para la asistencia técnica de Escal, que añadieron que las sobrepresiones registradas fueron inferiores a las modelizadas, siempre dentro de parámetros seguros, y que nada más aparecer la sismicidad se revisó de manera exhaustiva el nivel de presión. La reducción de caudal que se llevó a cabo --tal y como confirmó otro de los testigos peritos, el director general de Enagás, Diego Vela- fue una medida conservadora, y fue seguida de una reducción de la sismicidad en la zona según el Observatorio del Ebro. El yacimiento, subrayó Huber, tenía «unas características estupendas».
Además, destacaron que tras la inyección no se ha producido ninguna desestabilización del subsuelo ni alteración del mismo.
También declaró Luis Roberto Rodríguez, que era en 2007 director de Geofísica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Rodríguez recordó que la plataforma Castor se estableció en la zona de menor peligrosidad sísmica de toda la costa española, y que en 2007 el IGME validó la aptitud del depósito como almacenamiento de gas. Los seísmos registrados en 2013, indicó, no constituyeron un fenómenos excepcional, e incidió en descartar que la sismicidad la causara la llamada falla Amposta.
Al respecto, Rodríguez criticó la mala interpretación de esta falla, que «se confundió como activa», cuando en realidad se considera fosilizada. Su propia investigación, «y otras seis», concluyen que la falla Amposta no jugó ningún papel en la sismicidad. Comentó que el llamado informe Juanes, que afirmaba lo contrario, «no tiene relevancia para la comunidad científica».
Rodríguez apuntó que la empresa Escal utilizó en su momento «la tecnología más avanzada» para estudiar una estructura geológica que «era apta», concluyó su informe, para almacenar gas.
Próxima sesión
La causa se desarrolla en la Audiencia Provincial de Castellón durante once sesiones en las que comparecen numerosos testigos y peritos y en la que están acusados de un delito contra el medio ambiente el expresidente de Escal UGS y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, respectivamente. La próxima sesión está prevista el lunes 8 de noviembre.
