La sostenibilidad del sistema de pensiones es el principal quebradero de cabeza del Ministerio de Seguridad Social y para rebajar la tensión que generará en la hucha la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, el Gobierno ya ha planteado subir las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores durante su vida laboral. La propuesta consiste en aumentar 0,5 puntos dichas contribuciones durante una década (del año 2023 al 2033), un coste que se repartirán asalariados y empresas. Los primeros dejarán de ingresar parte de su sueldo y el empresario deberá asumir mayores cuotas.
En la práctica, y si sale adelante la propuesta del ministro José Luis Escrivá, las empresas y trabajadores de Castellón tendrán que aportar a la hucha de las pensiones 1,7 milllones de euros al mes, unos 20,4 millones al año, mientras que en el conjunto de la Comunitat serían 200 millones anuales. En los diez años que duraría el alza de las cotizaciones, Castellón aportaría 204 milllones y el territorio valencianos más de 2.000.
Pero, ¿de dónde salen esas cifras? La provincia cuenta con 246.892 trabajadores afiliados a la Seguridad Social (datos de mes de octubre) y sus cotizaciones sirven para sufragar las prestaciones por jubilación. Esos casi 247.000 profesionales perciben un salario medio de 1.377 euros al mes (19.281 euros al año divididos en 14 pagas), por lo que tendrían que pagar siete euros al mes si las cotizaciones aumentan 0,5 puntos. Y ese extra de siete euros cada mes lo asumirán tanto los trabajadores (que perderán algo de sueldo) como las empresas (pagarán más dinero al erario público para mantener los mismos salarios).
La propuesta lanzada por el ministro Escrivá no ha pasado desapercibida ni para las empresas de la provincia ni para los representantes de los trabajadores. Sebastián Pla, presiente de la patronal CEV en Castellón, asegura que aunque solo se trata de una propuesta y hay que estudiarla en profundidad «es evidente que supondrá un aumento de los costes laborales». Para Pla, el incremento de las cotizaciones «acabará repercutiendo negativamente en la competitividad de las empresas, principalmente en el caso de las pymes, que son las que tienen menos capacidad para asumir el alza de costes o para invertir en aquellas palancas, como la innovación o la digitalización, que les permitan aumentar la productividad». El presidente de los empresarios de Castellón insiste en que se podría conseguir el mismo efecto «procurando un entorno normativo flexible, que facilite la creación y el mantenimiento del empleo».
Una medida equilibrada
A los sindicatos la iniciativa del Gobierno les gusta. El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, considera que se trata de una medida «equilibrada y mucho mejor que la carga se aplicara sobre los jubilados». Para el dirigente de la central ugetista, «tendría un impacto mínimo sobre los salarios de los trabajadores. No se les está pidiendo un esfuerzo insostenible a los empleados», puntualiza. «Habrá que ver cómo se traslada esa medida a la negociación colectiva y cómo la trasladan los empresarios a las nóminas, que esperemos no se recorten», destaca Sáez.
Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO-PV, sostiene que es una «primera propuesta formulada por el Gobierno» , que se aleja de «forma positiva» de la fórmula planteada en la reforma de 2013, el llamado factor de sostenibilidad que iba a suponer una vinculación directa a la esperanza de vida y consecuentemente una importante merma en la pensión de los futuros pensionistas, fórmula que se deroga en el primero acuerdo alcanzado en materia de pensiones. Según la dirigente de CC OO-PV, la propuesta «se distancia de las declaraciones pasadas de Escrivá y que ponían el foco en la demora de la jubilación».
