La Audiencia Provincial de Castellón ha albergado este lunes la octava sesión, de las once previstas, del juicio del caso Castor, donde distintos peritos y especialistas descartaron la falla Amposta como causante de los seísmos detectados en el norte de Castellón y el sur de Tarragona en septiembre y octubre del 2013. Así lo apuntaron tanto los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como los del Instituto Geográfico Nacional (IGN), autores de sendos informes sobre la actividad sísmica en la zona del almacén de gas, ubicado frente a la costa de Vinaròs, y sus causas, a petición del Ministerio de Industria del gobierno de España.

Los primeros en declarar fueron los responsables del IGN. En su declaración, señalaron que solo 15 de los seísmos detectados fueron sentidos por el ser humano, y se localizaron inicialmente a unos 10 o 15 kilómetros del Castor. Subrayaron que las intensidades máximas registradas fueron de dos y tres, apenas sentidas o levemente sentidas. Comentaron que, de haberse producido en otras zonas más habituadas a estos fenómenos, como pudiera ser Granada, la alarma social habría sido menor. Remarcaron que la zona donde estaba situado el almacén era de baja peligrosidad sísmica, y que las actuaciones no han incrementado el nivel de dicha peligrosidad.

Los estudios del IGN concluyeron que existió relación entre inyección de gas y seísmos, pero que los mecanismos focales no eran compatibles con la falla Amposta.

Los peritos del IGME, a continuación, también descartaron la falla Amposta como causante de los seísmos, en la línea de la declaración anterior. Posteriormente, los autores del llamado informe Juanes, que sirvió de base para la hibernación de Castor, admitieron que no podían descartar ni probar al cien por cien que la falla Amposta fuera la causante de los terremotos. «Es posible, pero no está probado», apuntaba el informe de consultoría, según subrayaron las defensas, que no ha sido avalado por la comunidad científica. «No contamos con información para probar una u otra hipótesis», dijeron los autores, que añadieron que la «sismicidad inducida» era algo conocido «en general» desde hace décadas, pero no en el caso concreto del yacimiento donde se ubicó el almacén de gas Castor.

Por último, los peritos de la empresa DNV afirmaron que realizaron una auditoría externa donde concluían que Escal había actuado como «operador prudente», después de analizar los estudios realizados por la empresa.

PRÓXIMAS SESIONES

Este martes se celebra en Castelló la novena sesión del caso, con la declaración de nuevos peritos. El juicio comenzó el 18 de octubre y se desarrollará hasta el 15 de noviembre. En la causa comparecen como acusados Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, ex presidente y consejero delegado de Escal UGS, empresa adjudicataria del proyecto Castor, que está también encausada. Están acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, por los que la acusación pide siete años de cárcel. Además, 123 afectados reclaman 1.845.000 euros por daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron.