Un total de 3.387 funcionarios interinos de Castellón serán los beneficiarios de la reforma del Gobierno, a partir de sus propias estimaciones, para acabar con la temporalidad en la administración mediante la nueva ley de estabilización en la función pública.
A falta de concretar aún muchos detalles, el acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, que hizo público el Ministerio de Hacienda ayer viernes, apunta hacia la consolidación de más de tres mil funcionarios a la suma de todas las administraciones de la provincia, tanto de carácter estatal, como autonómico y local, ya que la norma se adaptará a los escalafones más próximos de las instituciones.
Una cifra que baila según su origen, ya que desde los sindicatos elevan el impacto hasta los 9.000 interinos en suelo castellonense. A falta de conocer el alcance concreto, sí ha trascendido el principal cambio del texto que desarrollará la nueva ley. El principal requisito previsto en la norma pasará por permanecer cinco años ocupando la plaza tras lo que el funcionario pasará a ser personal fijo superando un concurso de méritos, sin necesidad de opositar. Inicialmente, el ejecutivo central planteó consolidar solo a los trabajadores del sector público que llevaran más de 10 años en sus puestos.
Prudencia
Los sindicatos abogan ante el avance por mantener aún la prudencia hasta conocer «la letra pequeña» de la decisión. La secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castellón, Elia Bodí, apunta a la necesidad de «dar una solución a estas personas que igual llevan hasta 20 años en sus puestos sin estabilidad», aunque condiciona el optimismo a «conocer cómo se desarrolla todo». La representante de la organización sindical detalla que, de todas formas, la acción tendrá un efecto considerable en la provincia, donde «hay muchos casos» de este tipo: «Estamos muy lejos del objetivo del 8% de personal interino planteado», asegura.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), Manolo Martínez, se expresa en la misma línea de prudencia. De hecho, desde su organización reclaman al Gobierno que de una respuesta con «seguridad jurídica para los interinos y que no genere más incertidumbre». Y es que los posibles recursos que puedan surgir serán uno de los principales escollos que deberá afrontar la futura ley, que tal y como confiesan los sindicalistas «terminará levantando ampollas o bien a unos o a otros».
Protestas
Por ejemplo, parte de los interinos que quedarían fuera con alguna de las condiciones planteadas pretenden impulsar protestas en toda España a lo largo de los próximos meses con el objetivo de mostrar su disconformidad con una reforma que por ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados. Unas convocatorias que por ahora no han llegado a Castellón.
