Quien no ha soñado alguna vez con trabajar para el sector público? Buen salario y un horario que poco tiene que ver con el de la mayoría de las empresas privadas son motivos más que suficientes para entender porqué decenas de profesionales en Castellón aspiran a formar parte de la Administración. Más de 3.000 lo han conseguido en el último año y medio y todo porque los ayuntamientos, las Consellerias y el Estado actuaron durante la pandemia como el gran motor del empleo y, ahora, en plena recuperación, siguen haciéndolo hasta el punto de que la cifra de trabajadores que cobran una nómina pública ya supera los 30.600. Un récord.
Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social revelan que la Administración cuenta en Castellón con un total de 30.605 empleados (datos al cierre del pasado mes de octubre), 3.040 más que antes de irrumpir el virus covid-19. O dicho de una manera más clara: en los últimos veinte meses, el sector público ha creado una media de cinco empleos al día. Y si comparan los datos de ahora con los de hace cinco años, la diferencia todavía es más espectacular: desde finales del 2016, los trabajadores con nómina pública han engrosado en casi 6.500.
Si se cierra el foco a los últimos doce meses, de los 9.550 cotizantes medios que ha ganado la provincia en el último año, 1.015 corresponden al sector público, lo que significa que uno de cada diez nuevos trabajadores desempeñan su labor en alguna de las administraciones. Un tirón laboral que, además, es común al conjunto del país, donde una cuarta parte de los nuevos afiliados registrados en el último año corresponden a la Administración.
Pero, ¿cómo se reparte el personal que en la provincia está al servicio de la Administración? De los 30.600 empleados públicos con los que cuenta en estos momentos Castellón, 19.539 trabajan al servicio de la Generalitat valenciana, una cifra que ha aumentado en 2.561 efectivos en los últimos 18 meses, siempre según los datos de la Seguridad Social. La explicación radica en que la administración, sobre todo la sanitaria y la educativa, tuvieron que redoblar esfuerzos para afrontar la pandemia y multiplicaron sus recursos humanos para mantener los servicios públicos en funcionamiento. Y todo esto mientras el sector privado reducía su pulso y perdía trabajadores. Una cifra que, además, podría incrementarse en los próximos meses, ya que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, anunciaba esta misma semana que la plantilla del sistema valenciano de salud crecerá el año que viene con 6.000 plazas estructurales, es decir, casi un 10 % más de las que hay actualmente.
El Estado también contrata
Sanitat y Educación son los departamentos que más han tirado de las contrataciones de empleados públicos en Castellón, pero la administración del Estado también ha incrementado ligeramente su número de efectivos. A finales de febrero del 2020, los distintos ministerios y áreas como la Seguridad Social o la delegación de Hacienda empleaban en la provincia a 2.341 profesionales, mientras que ahora son 2.447. ¿El motivo? El alza de las contrataciones ante la avalancha de tramitaciones de ERTE, prestaciones sociales y otras ayudas que puso en marcha la administración central para mitigar el golpe de la crisis del covid.
Los ayuntamientos también han sido un potente motor de empleo y en Castellón han creado casi 400 empleos nuevos en los últimos veinte meses, hasta alcanzar un total de 8.617 trabajadores.
Mejoras salariales
Encontrar un trabajo en la Administración es más fácil, pero no es sinónimo de empleo estable y de calidad. Es, al menos, lo que opinan los sindicatos que esta semana han vuelto a salir a la calle para reivindicar mejoras. Y entre esos cambios, desde CCOO insisten en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis, así como estabilizar la plantilla y rejuvenecerlas. «Desde 2010 se han perdido entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, de los que solo se han recuperado 4», denuncia María Lidón Calvo, secretaria de Comunicación de CCOO de Castellón, que cree insuficiente la subida salarial del 2% anunciada por el Gobierno para el 2022.
